Más que desnudar la grotesca y corrupta forma de gobernar en Guatemala, el mayor aporte hecho por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala fue desnudar el funcionamiento de un sistema controlado por poderosas mafias, grupos criminales y de fuertes sectores que se resisten al funcionamiento independiente de las instituciones.

A eso se reduce el barullo desatado especialmente en los últimos dos años, cuando el ataque frontal contra la corrupción inició con gran ímpetu y apoyo inusitado a la oficina de la ONU, hasta que tras la captura de políticos y funcionarios empezaron a caer prominentes personajes, y desde ahí empezó a montarse la resistencia a esos esfuerzos, pero sobre todo descarrilar la persecución penal.

Guatemala dio enormes pasos en el combate de la criminalidad de cuello blanco y eso explica, a su vez, la poderosa respuesta contra esos avances, porque salió a luz la precariedad y la forma mafiosa de la gobernanza que involucraba a lo más granado de la sociedad y la política guatemaltecas.

A partir de allí se ha actuado con mayor desempacho, menos diplomacia y tacto político para emprender acciones a fin de descabezar esos esfuerzos. Lo inició el presidente Jimmy Morales, desde que declaró non grato al comisionado Iván Velásquez, hasta anular el acuerdo firmado por el país con las Naciones Unidas y expulsar a su personal.

En ese contexto no resulta extraño el ataque orquestado contra la principal estructura de seguridad interna del país, cuya cúpula ha sido mutilada y ha sufrido constantes y muchas veces inexplicables cambios con el evidente mensaje de no tolerar ninguna medida que presente cualquier asomo de duda y que cualquier aliado en la lucha contra la corrupción pagará las consecuencias.

Solo así se explica lo que ha hecho el delegado del difunto Álvaro Arzú hoy al frente del Ministerio de Gobernación, pues desde que tomó posición inició la desarticulación de un cuerpo de seguridad conformado bajo los criterios establecidos en los acuerdos de paz, de conformar un cuerpo de seguridad acorde con los avances de la democracia, lo cual ha venido a menos de la mano de Enrique Degenhart.

En menos de un año, el actual ministro ha ordenado 32 destituciones, entre agentes, comisarios y oficiales de la Policía Nacional Civil, a quienes ha irrespetado su trayectoria. Por toda excusa se ha dicho que es por “evaluaciones de desempeño u oxigenación institucional”, pero los remociones se han producido siempre que los altos mandos policiales se han resistido a ejecutar directrices arbitrarias.

Degenhart carga con el vergonzoso hecho de que bajo su mando se fugó uno de los viceministros de Gobernación nombrados por él y buscado por el Ministerio Público por el caso de ejecuciones extrajudiciales, sin que hasta el momento se sepa de su paradero.

No solo el presidente y la actual canciller han dado suficientes muestras del nulo compromiso que este gobierno pueda tener para combatir la corrupción, sino que a ellos se ha unido de manera preocupante el ministro de Gobernación, desmantelando la seguridad civil, sin que nadie pueda dar una explicación convincente sobre esos cambios.