que no hay que recordarlo y mucho menos hablar sobre aplicar justicia a los hechos ocurridos. Para muchos debería haber una amnistía general que nos lleve a todos a una amnesia general, a pesar de que esto sería ilegal e inválido por violar los principios básicos de derechos humanos.

El mismo caso de genocidio contra Ríos Montt provocó una polarización absurda y violenta del país, llevándonos a memorias del pasado sangriento. La intransigencia intelectual política aún permanece en el país para detrimento de la justicia y de una construcción de futuro basado en el reconocimiento de la verdad.

Esta semana, en las oficinas de Unesco en París, tuve el agrado de encontrarme con una entrañable amiga chilena que, producto del exilio de su país, ha vivido en esa ciudad desde 1973, y desde su puesto de funcionaria en Unesco logró manifestar su solidaridad con sus hermanas y hermanos chilenos y con todos los latinoamericanos que por allí pasaron huyendo de condiciones similares en sus respectivos países.

Esta mujer de gran corazón, con años de experiencia solidaria, llevó siempre el dolor de haber salido al exilio por el secuestro y asesinato de su cuñado, arquitecto y profesor de la Universidad Católica, Leopoldo Benítez Herrera, quien fuera secuestrado en un allanamiento realizado a la casa de los suegros por los carabineros de Santiago de Chile, el 17 de septiembre de 1973, a las 20 horas, a escasos seis días del golpe de Estado de Pinochet, en lo que se llamó”Operación Colombo”. Su cadáver fue encontrado por familiares, el 24 de septiembre, en la morgue.

Hoy, con una profunda sensación de alivio y esperanza en su país, me mostró la noticia, publicada en el periódico La Tercera este 17 de enero, informando que una sala de Apelaciones decidió iniciar proceso al general de carabineros retirado Sergio Horacio Jiménez, quien en 1973 comandó a los miembros de la Escuela de Suboficiales de Carabineros que cometieron el secuestro y asesinato del arquitecto Benítez y que, probablemente, son responsables de muchos hechos más.

Este caso demuestra cómo en Chile, que se ha convertido en modelo de país democrático y de desarrollo económico en América Latina, se reconoce la justicia, sea por hechos del pasado o del presente, como un valor fundamental de la democracia, sin que para esto incida ni intervenga el gobierno que tengan en el momento.

La justicia es un deseo constante y se convierte en una fuerza imparable de los pueblos, y solo los políticos absurdos e intransigentes pretenden detenerla sin darse cuenta de que nada detiene la historia.