Durante la presentación del noveno informe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, el titular de la sui géneris oficina de la Organización de Naciones Unidas, Iván Velásquez, dejó claras dos ideas: la batalla contra la impunidad no está ganada y eso cuesta dinero. Agregó el comisionado que, de no invertir lo necesario, el sistema de justicia del país corre el riesgo de estancarse y alterar el ritmo de lo ya alcanzado.

De los últimos acontecimientos también se deduce que la batalla contra la criminalidad puede ser conducida con éxito, pero en condiciones como las que se encuentra el país, eso no puede llegar a feliz término. Hace pocos días, la jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana, precisamente denunciaba no solo la falta de recursos, sino que incluso los fondos asignados no se le entregan en forma satisfactoria, como también ocurre con otras entidades que afrontan problemas debido a la crisis financiera.

De hecho, la diferencia entre un modelo de combate de la criminalidad descansa sobre un saludable estado financiero de las instituciones; de lo contrario, este país caerá en un cuadro de falsas apariencias, pues solo alcanzará para maquillar las cosas, pero nunca para emprender una cruzada por reducir la impunidad. De hecho, era lo que ocurría hasta hace unos cuantos años, hasta que las dos primeras mujeres fiscales tomaron en serio su papel de combatir las distintas expresiones de criminalidad.

Guatemala debe aprovechar este experimento llamado Cicig, que en esta nueva etapa, al mando del colombiano Iván Velásquez, ha dado suficientes muestras de lo que se puede hacer cuando se cuenta con los recursos necesarios, aunque insuficientes, para desbaratar estructuras criminales enquistadas en el Estado. Mucha de la podredumbre que ha aflorado con los casos de corrupción descubiertos en los meses recientes es una clara evidencia de que se puede trabajar con efectividad, y para ello también es indispensable que exista independencia.

Sin embargo, eso cuesta dinero, y hasta ahora nadie ha aportado un solo centavo para que esa situación pueda cambiar. La mayor parte de los recursos que han sostenido ese esfuerzo han sido donados por países amigos de Guatemala, que sin duda han cobrado conciencia de la lamentable situación por la que atraviesa este país y no han dudado en utilizar el dinero de sus contribuyentes para apuntalar este proyecto.

Esas contribuciones debe tener un límite, o por lo menos una contraparte nacional para respaldar el buen gesto de las naciones amigas y corresponder con más recursos propios para la batalla contra las mafias infiltradas en el sector público.

Mucho del respaldo exterior puede tener justificación por la misma inseguridad que proyecta una república como la nuestra y por ello es que Estados Unidos se ha empeñado en impulsar un proyecto de respaldo al Triángulo Norte, pero debe tenerse presente que eso debe ser temporal, hasta por propia dignidad, y aprovechar el aprendizaje que han dejado los últimos acontecimientos para instaurar otras unidades de persecución criminal que coadyuven en la tarea de la seguridad.