Es increíble cómo existen en la actualidad mentes obtusas que niegan la necesidad de que exista una ley nacional de la juventud que impulse la educación sexual integral, laica y científica entre las nuevas generaciones. Precisamente la ignorancia y la existencia de tabúes son los que propician las relaciones promiscuas, los embarazos en adolescentes, el avance de las enfermedades de transmisión sexual y los abortos clandestinos, entre otros males. Qué tiene de malo que los adolescentes y jóvenes tengan acceso a la educación sobre salud sexual y reproductiva, lo cual les permitirá no solo conocer sus propios cuerpos, sino que se fomente el respeto hacia la pareja y la futura procreación. El Congreso ha sido esta vez el escenario de este bochornoso espectáculo, en el que se quiere mantener en el oscurantismo a quienes representan el futuro del país.

Guatemala es un estado laico, o sea está definida la separación del Estado y las iglesias, y en el artículo 74 de la Constitución se señala claramente que la educación científica, al igual que la tecnológica y humanística, constituye un objetivo que se debe orientar y ampliar en forma permanente. Sin embargo, una buena cantidad de diputados olvidó que estos preceptos fundantes de nuestro Estado no pueden estar supeditados al dogmatismo de las iglesias católica y evangélica. Tanto la Conferencia Episcopal como la Alianza Evangélica se han opuesto en forma tajante a evitar la educación sexual a los jóvenes. Curas y pastores pueden orientar dentro de sus templos a sus fieles a mantenerse dentro del oscurantismo que dicta su credo, pero eso es muy distinto a que esos religiosos quieran imponer su mojigatería a todo el país y pasar por encima de nuestra Constitución laica.

El estudio “Salud reproductiva en adolescentes de Guatemala”, de Unicef (2007), señala que la ignorancia sobre la sexualidad es un factor de riesgo para los jóvenes, principalmente en las áreas de mayor pobreza. Ese organismo de la ONU refiere que la falta de discusión de esta temática con las adolescentes tiene consecuencias serias para su salud reproductiva, para el goce pleno de sus derechos a la información, al disfrute de su sexualidad sana e incluso para su vida misma. La falta de educación sexual lleva consigo problemas como la maternidad temprana o maternidad adolescente, el aborto y el contagio del VIH-sida. Según Unicef, hablar de cambios fisiológicos, de sexo, educación sexual, anticoncepción, planificación familiar y aborto entre las adolescentes, sobre todo indígenas, es profundamente controversial y hasta prohibido en ciertos espacios. ¿Será que los diputados quieren que esta situación se perpetúe?

Las iglesias están en contra del aborto, pero no entienden o no les conviene entender que la ignorancia es la causante de este tipo de problemas. En el 2005 se aprobó la Ley de Acceso Universal y Equitativo de Servicios de Planificación Familiar, pero poco se ha avanzado en su implementación, no solo por falta de interés del Estado, sino por la carencia de recursos presupuestarios. Por ello, es necesario extender la información en los adolescentes y jóvenes sobre sexualidad y embarazo precoz no deseado, que es un factor que contribuye a la mortalidad materno infantil. Los diputados deben comprender que el período del oscurantismo y de la obediencia ciega e irracional a preceptos dogmáticos nos ha hecho mucho daño como sociedad y las nuevas generaciones merecen un futuro en el cual no les neguemos la educación en todas sus facetas.