Jorge Ubico tenía dos años de estar en el gobierno cuando, en agosto de 1933, emitió el acuerdo gubernativo que dio vida al pequeño municipio de Ixchiguán, el cual fue una desmembración del de Tajumulco. Pero con su nacimiento también surgió un conflicto territorial porque nunca se definieron los límites entre ambas jurisdicciones. Desde entonces, los vecinos de los dos municipios libran un conflicto que se ha extendido durante 83 años y que ha causado invasiones de tierras, disputa de fuentes de agua, ataques armados con cauda de varios muertos y desplazamiento de familias que han quedado entre los dos fuegos. Esta pugna sin sentido es parte de los problemas que ha generado la ausencia del Estado, que ha sido incapaz de resolver este diferendo y que tampoco ha proporcionado servicios básicos en esa zona, como salud, educación ni vías de comunicación.

Los dos municipios comparten una misma realidad: la miseria en que vive la población. El Estado no solo se olvidó de los límites geográficos, sino que de proporcionar servicios básicos. Según el IV Censo Nacional de Talla en Escolares de 2015, en Tajumulco el 56.4 por ciento de los niños entre seis y diez años sufre desnutrición crónica, y en Ixchiguán afrontan esa misma problemática el 51.1 por ciento. Esa pobreza y la ausencia del Estado han determinado el cambio de cultivo, que de la papa pasó a la amapola. El área geográfica de los dos municipios está dominada por inmensas alfombras rojas de amapola, de la cual se extrae el opio y luego la heroína. Esta situación agregó otro elemento de conflicto, con la presencia de narcotraficantes que se ven beneficiados por el cultivo de esa planta opiácea y que han introducido el uso de armas de grueso calibre en el conflicto limítrofe.

Es inconcebible que los diferentes gobiernos desde 1933 han observado la existencia del diferendo limítrofe sin que hayan hecho algo para resolverlo. Es más, ha estado en manos de las autoridades la solución, pero han dejado que el conflicto crezca. Uno de los intentos para llevar la paz al área ocurrió en septiembre de 1996, cuando los concejos de Ixchiguán y Tajumulco suscribieron un acuerdo de límites, pero no tuvo el respaldo de las autoridades centrales. En el 2007, el Organismo Legislativo conoció en primera y segunda lectura la propuesta de ley 3537-2007 para fijar los límites entre los dos municipios; sin embargo, la iniciativa fue archivada. Y mientras el Estado da la espalda a esta pugna, el crimen organizado ha sentado sus reales y ha reavivado el conflicto, que de no detenerse ahora amenaza con llevar a un cruento enfrentamiento.

Ahora el área en conflicto está militarizada por mil 500 soldados y en estado de Sitio por 30 días. Ojalá y este no sea solo otro despliegue castrense para arrasar con el cultivo de la amapola porque no se resolverá el problema de fondo y generará más rechazo de la población a los operativos. Los pobladores de los dos municipios han visto cómo estas acciones militares se han desarrollado casi año con año y no resuelven el problema de pobreza extrema que obliga al cultivo de esa planta. Es positiva la labor contra el narcotráfico, pero es fundamental el impulso de programas de desarrollo económico que eviten en el futuro el cultivo de la amapola. Eso pasa por la presencia del Estado, no solo en materia de seguridad, sino en dar certeza jurídica a las propiedades y límites municipales y el impulso de servicios básicos y programas de desarrollo. La pregunta es ¿qué pasará después del cese del estado de Sitio si no se ha resuelto mínimamente el diferendo territorial?