Pocos son los que tienen dudas de que el presidente Otto Pérez Molina dejará el poder más temprano que tarde. Esto porque son demasiados los sectores que le exigen la renuncia y a las demandas de instituciones como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de Cuentas se suman centenares de empleados públicos y miles de ciudadanos que no se cansan de manifestar su rechazo por ser este uno de los gobiernos más corruptos de los últimos años.

No leer esas expresiones de repudio como un hartazgo en contra del Gobierno solo puede contribuir a socavar el hilo de institucionalidad del cual se sostiene el mandatario, y eso solo podría explicarse con el engaño en el que lo tienen los pocos colaboradores cercanos que le quedan. Pero también podría ser por un profundo temor por enfrentar a un sistema de justicia que está dando muestra de independencia y de efectividad, sobre todo cuando las evidencias son contundentes para ponerlo en serios aprietos.

Precisamente eso es lo que hace peligrosa para el país la permanencia en el poder de Otto Pérez Molina, pues en su hermético círculo puede considerarse falsamente que debe prevalecer el estado de Derecho. Algo que no se cumple en este momento, pues ante los serios señalamientos que se le hacen, lo mejor es que todo se esclarezca en las instancias jurisdiccionales respectivas, pero no al amparo del poder, que solo podría estar sirviendo para que se cometan más abusos.

Una primera faceta de esta lamentable crisis es la confrontación entre quienes reclaman reformas profundas del sistema y los sectores que temen perder privilegios y que pretenden que todo siga igual. A aquellos que lo han convertido en su cómplice, confiados en que el proceso electoral les puede traer algún beneficio, sin atreverse a tomar conciencia de que en las últimas semanas el panorama ha sufrido una profunda transformación, las cosas se les pueden complicar, ya que el castigo en las urnas puede ser irreversible para la alianza oficialista.

Pero uno de los efectos más lamentables es que cada vez se suman más sectores a la protesta, crece el repudio en contra de los políticos corruptos y esto agrega detalles que deben ser tomados en cuenta, como ocurrió el pasado jueves, cuando el comercio cerró las puertas en forma abrumadora. No se necesita ser un especialista para concluir que eso tuvo un gran impacto en las ventas de ese día, pero a la vez tiene una repercusión en la recaudación tributaria, que también se debe contabilizar como un día de pérdidas.

Eso, por supuesto, debe tener un efecto inmediato entre los principales protagonistas. Por el lado de los inconformes, difícilmente se aplacarán los ánimos y es fácilmente predecible que continúen alzándose las voces en contra de un régimen corrupto y que se pueda llegar a un paro generalizado que redunde en mayor daño para el Estado. Por ello es que el general Pérez Molina debe evaluar las pocas opciones que le quedan, ya que su actitud podría producirle un mayor daño al país, con el único y particular objetivo de evadir su cita con la justicia.