El Congreso tiene en sus manos la posibilidad de aprobar una profunda reforma constitucional del sector justicia que le permita salir de la grave crisis que afronta en la actualidad. Durante el gobierno de Álvaro Colom como el de Otto Pérez Molina pudimos presenciar la forma en que estos movieron a sus operadores políticos para imponer a magistrados afines y que respondieran a sus intereses. Las actuales enmiendas están dirigidas al Organismo Judicial, que ahora podría reforzarse con la inclusión del derecho consuetudinario indígena, así como la regulación de la escogencia del responsable de la Fiscalía General y de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, lo cual reviste una gran importancia para el país. Sin embargo, todo parece indicar que el Legislativo podría convertirse en el principal escollo para esas reformas.

La mayoría de diputados del Congreso tiene una tendencia conservadora y asume que su paso por ese organismo le debe representar dividendos o al menos influencia en caso de necesidades futuras. Además, evidencian poca formación político-ideológica para comprender la magnitud de lo que tienen frente a sí, por lo cual son susceptibles de ser influenciados por sectores fácticos que tratarían de echar por la borda las reformas. Las estructuras que durante años han manipulado la justicia guatemalteca se convierten en las principales cabilderas para que todo quede como antes, bajo el concepto de hoy por mí, mañana por ti. Esa sería la razón de que aún traten de mantener estructuras viciadas como las Comisión de Postulación, que han demostrado que han sido nefastas en las últimas dos elecciones de magistrados.

A esas redes se agregan los sectores empresariales y de la derecha más recalcitrante que han metido miedo a los congresistas sobre los supuestos riesgos de reconocer el derecho indígena, como si este no existiera desde hace varios siglos y no fuera una práctica cotidiana entre los pueblos originarios. El reconocimiento de la reforma lo que busca es la coordinación entre el derecho oficial y la justicia indígena, lo que le dará vida al pluralismo jurídico en el país. Los opositores remarcan a los diputados las escenas de linchamiento y azotes como prueba del salvajismo de los indios. Las autoridades ancestrales mayas rechazan los linchamientos y los azotes porque no forman parte de la justicia indígena y porque son violaciones flagrantes a los derechos humanos. El rechazo al derecho consuetudinario indígena es una mezcla de ignorancia, racismo y discriminación que es aprovechado por sectores de ultraderecha para sabotear las reformas al sector justicia.

Los diputados tienen la palabra. La aprobación de la reforma no puede retrasarse más. Por ejemplo, en noviembre pasado se agotó la discusión del derecho consuetudinario indígena en el pleno y no se aprobó porque se rompió el quórum. La prolongación de la aprobación solo permitiría que se introduzcan más enmiendas que conviertan la propuesta inicial en cualquier cosa menos en una reforma profunda del sector justicia. Históricamente, la mayoría de legisladores no representa los intereses de sus electores, sino de grupos de presión políticos y económicos con quienes comparten sus privilegios. Ahora es momento de romper esas ataduras. Veremos cuántos asumen una postura acorde a su papel de dignatarios de la Nación.

@hshetemul