La creación del Consejo Administrativo de Justicia  es rechazada por algunos diputados y apoyada por otros.

Con 118 votos a favor y en medio de una encendida participación de civiles en el palco de visitantes los diputados aprobaron reformar el artículo 208 constitucional.

Cuando Óscar Chinchilla tomó posesión de la presidencia del Congreso, el pasado 14 de enero, manifestó su compromiso por lograr la aprobación de la reforma del sector justicia porque, dijo, ese organismo no debe dejar pasar “la oportunidad de construir una Guatemala diferente y que los diputados puedan escribir su nombre en el lado correcto de la historia”. Dos meses después no se ve por ningún lado ese compromiso y el Legislativo atraviesa por un período de ingobernabilidad, debido a la falta de liderazgo de su presidente y de las acciones de los sectores que buscan mantener la impunidad. Chinchilla, de Creo, llegó a ese puesto gracias a una alianza articulada por el oficialista FCN que quiso convertirse en la fuerza dirigente del Congreso, pero sin tener una agenda definida, lo cual se refleja en el caos en que se encuentra el parlamento.

El miércoles pasado un nutrido grupo de profesionales del Derecho participó en un conversatorio con representantes de la Comisión Internacional de Juristas, que están en Guatemala dese hace varios días, estudiando la situación del sector justicia de nuestro país, la realidad de la independencia judicial, y las condiciones en que se desenvuelve el trabajo de los abogados litigantes. Han estado antes en Quetzaltenango y San Marcos.

El Congreso tiene en sus manos la posibilidad de aprobar una profunda reforma constitucional del sector justicia que le permita salir de la grave crisis que afronta en la actualidad. Durante el gobierno de Álvaro Colom como el de Otto Pérez Molina pudimos presenciar la forma en que estos movieron a sus operadores políticos para imponer a magistrados afines y que respondieran a sus intereses. Las actuales enmiendas están dirigidas al Organismo Judicial, que ahora podría reforzarse con la inclusión del derecho consuetudinario indígena, así como la regulación de la escogencia del responsable de la Fiscalía General y de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, lo cual reviste una gran importancia para el país. Sin embargo, todo parece indicar que el Legislativo podría convertirse en el principal escollo para esas reformas.