La primera crisis de Porras al frente de la Fiscalía podría identificarse cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos la nominó como actora corrupta, el 20 de septiembre de 2021. En esa ocasión se explicó que la designación respondía a “su participación en hechos significativos de corrupción”.
En esa oportunidad también salieron grupos sociales a pedir la renuncia o destitución de Porras. No obstante, ocho meses después, el 16 de mayo de 2022, el presidente Alejandro Giammattei la elegía entre una terna de candidatos como fiscal general por un segundo periodo.
La segunda crisis del MP durante la gestión de Porras es la que actualmente atraviesa, de nuevo bajo una presión mediática por su dimisión o remoción del cargo.
Esta vez la inconformidad de algunos sectores también se extiende al trabajo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), dirigida por Rafael Curruchiche.
Después del 25 de junio, cuando se realizó la primera vuelta electoral, la Feci encabezó varias investigaciones que apuntaban a ilegalidades en la conformación del Movimiento Semilla, al extremo de que se solicitó la suspensión de la personalidad jurídica. Además, se abrió pesquisas por supuestas irregularidades en la transmisión de resultados electorales y una posible manipulación de votos desde las Juntas Receptoras.
En ley
Esta coyuntura ha hecho que el rechazo hacia Porras y el equipo de la Feci crezca; sin embargo, en ley solo hay dos escenarios posibles para el cambio de fiscal general: la remoción o destitución con causa justificada y la renuncia.
En el primer escenario, es el presidente de la República quien puede remover al jefe de la Fiscalía, pero solo “por causa justificadamente establecida”, según lo establece la Constitución Política en su artículo 251.
Esta causa justificada para la remoción la dicta el artículo 14 de la Ley Orgánica del MP, donde establece que será “la comisión de un delito doloso durante el ejercicio de su función, siempre y cuando haya sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada”. El fiscal será restituido en su cargo inmediatamente cuando el proceso sea sobreseído, desestimado, archivado o se decrete la falta de mérito.
El artículo 15 establece el camino de la sustitución, en caso de remoción, renuncia o ausencia definitiva. En ese caso el presidente de la República nombrará a quien deba sustituirlo de la nómina que le fue enviada por la Comisión de Postulación y de no existir, el Congreso convocará a un nuevo proceso de postulación.
La nómina de candidatos de donde fue electa Porras y de donde debería salir su sucesor, en el escenario de una renuncia o remoción está integrada por Brenda Dery Muñoz, Miguel Ángel Gálvez Aguilar, Patricia Elizabeth Gámez Barrera, Gladys Verónica Ponce Mejicanos y Édgar Estuardo Melchor Solórzano.
