La Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (Udefegua), señala que entre este grupo de exfiscales y abogados destacan señalamientos por aparente corrupción y presunto abuso de autoridad, lo que le ha costado a algunos conseguir una medida sustitutiva como arresto domiciliar.
Entre los denunciados figuran, en su mayoría, antiguos integrantes de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), cuando la unidad estaba a cargo del abogado Juan Francisco Sandoval, quien también acumula cuatro denuncias penales y al menos dos órdenes de detención.
También aparecen en la lista abogados que prestaron sus servicios en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
Denuncia persecución
En 2023 la Feci, ahora dirigida por Rafael Curruchiche, presentó un caso por presunta corrupción que alcanzó a otro excomisionado de Cicig, el costarricense Francisco Dall’anese, quien en un video difundido en sus redes sociales rechazó los señalamientos en su contra y criticó los procesos penales abiertos actualmente en contra de operadores de justicia, principalmente excolaboradores de la Cicig.
“De 23 países, fiscales, policías y analistas criminales, quedamos protegidos por la inmunidad durante nuestro trabajo, y con posterioridad a nuestro trabajo, en el caso de los comisionados, el único que puede levantar esa inmunidad para que se nos procese, es el secretario general de las Naciones Unidas”, dijo el excomisionado de la Cicig.
Dall’anesse explicó que había permanecido en silencio, pero luego de ser mencionado en el reciente proceso penal decidió emitir una postura, en donde señaló que desde su punto de vista existe una persecución penal sin fundamento.
“Fiscales guatemaltecos, jueces guatemaltecos, a quienes no les perdonan las estructuras de corrupción y crimen organizado, que tienen cautivo a Guatemala, el haber perseguido los crímenes y la corrupción que impiden el desarrollo de ese hermoso país”, dijo el jurista costarricense.
Ante este pronunciamiento, el departamento de Comunicación Social del Ministerio Público (MP), informó que las declaraciones son tendenciosas y que buscan desacreditar el trabajo de la Feci. “El caso tiene todo el sustento debido en virtud de haberse desarrollado una investigación técnica, objetiva e imparcial. Si el fiscal a cargo del caso pudo advertir posibles anomalías, su deber y obligación es investigar, pues esta es la función legal y constitucional del MP, contrario a ello, aducir persecución a fin de evadir una posible responsabilidad, es apología a la impunidad”.
José Curruchiche, titular de la FECI, afirmó que en Guatemala existen investigaciones objetivas. “En cuanto a que dice que está siendo perseguido junto a operaores de justicia, yo solo estoy cumpliendo la ley, lo que hay en estas investigaciones, de las que se vienen fases muy importantes”.
El jefe fiscal agregó, respecto a las declaraciones del excomisionado, “lo que él debería de hacer es ponerse de rodillas para pedirle perdon a Dios y al pueblo de Guatemala por todas las ilegalidades y arbitrariedades que cometió la Cicig”.
El principal denunciante
En 2022 fueron 21 los operadores de justicia señalados, la mayoría de estas denuncias han sido presentadas por la Fundación contra el Terrorismo, cuyo presidente es Ricardo Méndez Ruiz, quien sostiene las acusaciones y explica por qué deben de seguir investigando hasta llegar a las últimas consecuencias.
“Los jueces abusaron de sus cargos. Uno, inventándose figuras judiciales que no existen, y la otra conectando ilegalmente casos”, dijo Méndez Ruiz, al hablar de los antiguos jueces Miguel Ángel Gálvez y Érika Aifan, que integran el grupo de operadores con procesos abiertos durante el 2022.
El presidente de la Fundación destaca que los procesos han caminado, pero esperarían que el trabajo del Ministerio Público sea más rápido, así como las resoluciones de los juzgados. “Entendemos que cierto ritmo lento se tiene que llevar, a ese compas, para no cometer errores, para no cometer ilegalidades que la antigua Feci y el Organismo Judicial han cometido con anterioridad”, señaló Méndez Ruiz.
El presidente de la Fundación contra el Terrorismo no comparte la opinión del excomisionado Dall’anese, incluso, considera que las acciones prudentes para el excomisionado sería presentarse ante la justicia guatemalteca para aclarar las dudas que mantiene la fiscalía.
“¿A qué lucha contra la corrupción, durante su gestión al frente de la Cicig, él se refiere? Porque yo no recuerdo (…) considero que es vergonzoso y cobarde, él lo que debería hacer es venir a Guatemala a aclarar su situación jurídica”, añadió el presidente de la Fundación.
