Mi bisabuelo materno y mi tío abuelo paterno siempre hablaron del Memorial de los 311. Fueron principalmente jóvenes universitarios quienes se dirigieron aquel 22 de junio de 1944 al dictador Jorge Ubico, en una carta que cambiaría mucho de nuestra historia reciente. Ambos, de tan distinto pensamiento político pero tan decentes y tan queridos entre sí, habían signado aquel documento, precedente irreductible de la Revolución de Octubre.

La carta pedía a Ubico dos cosas: 1o. El restablecimiento de las garantías suspendidas, para que el pueblo pudiera gozar, sin demora, de la plenitud de sus derechos constitucionales; y 2o. Dictar las disposiciones pertinentes a fin de que tales garantías tuvieran plena efectividad. E iniciaba así: “Los suscritos ciudadanos guatemaltecos, en ejercicio del derecho garantizado por el artículo 22 de la Constitución de la República, nos dirigimos a usted con las protestas de nuestro mayor respeto y exponemos: El día de hoy promulgó su gobierno el Decreto No 3114 que restringe las garantías constitucionales. La parte considerativa de esta disposición consigna “que elementos disociadores de tendencias nazi-fascistas perturban gravemente la paz de la República, procurando obstaculizar al gobierno el mantenimiento del orden. Es por todos conocida la génesis de ese Decreto, y la propia Secretaría Presidencial, en un boletín dado a publicidad en la prensa, la funda en la acción de problemas de orden interno de la Universidad. La opinión pública espontáneamente se ha solidarizado con las aspiraciones de los estudiantes en esta hora trágica en que la flor de la juventud de los países libres ofrendan sus vidas en defensa de los altos ideales de la humanidad y de la democracia, a cuya causa está afiliada nuestra patria.(…)La restricción de garantías crea una situación de hecho, en la cual el pueblo carece de medios legales para manifestar sus justos anhelos y es susceptible de provocar consecuencias funestas que, como guatemaltecos conscientes, seríamos los primeros en deplorar. (…) Alrededor de los gobernantes actúan y medran fuerzas burocráticas e intereses creados que se fortalecen con el transcurso de los años, y que llevan al mandatario visiones falseadas de la realidad ambiente. Por esta razón debe desconfiarse siempre de las ‘adhesiones’ que, nacidas del temor o del interés, llegan hasta el gobernante a través del mecanismo oficial, las cuales jamás presentan el auténtico ‘sentimiento popular’.”

Quienes entregaron la carta a la delegación de Ubico se comprometieron a acercarse a los diversos sectores representados en las manifestaciones populares, con el objeto de conocer todas sus aspiraciones y transmitirlas al Gobierno de la República. Solicitaron que, para ello, se les otorgaran por escrito las garantías necesarias para su seguridad personal, libertad de prensa, de asociación y de libre expresión de palabra. Ninguna de ellas les fue concedida y el acta, que principiaba a redactarse, quedó inconclusa ante la imposibilidad de conciliar dos criterios totalmente opuestos. Volvieron a Palacio al día siguiente, a instancias de la mediación del Cuerpo Diplomático, y mientras ellos negociaban, “la policía y la tropa acribillaban a balazos a hombres, mujeres y niños que pacíficamente desfilaban por las calles”. Luego les avisarían que ellos también habían perdido todas las garantías. Ante la indignación general, el 26 de junio de 1944, los 311 enviaron otra misiva a Ubico, que concluye de la siguiente manera: “…consideramos que es nuestro deber ineludible, según lo acordamos con usted, llevar a su conocimiento la expresión inequívoca de los anhelos populares que hemos podido palpar y que son el verdadero origen de la situación angustiosa porque atraviesa Guatemala. Tales aspiraciones se concretan visiblemente, palmariamente, y de manera incontrovertible en la necesidad sentida por todos, como única solución patriótica y conveniente, la de que Usted renuncie en forma legal a la Presidencia de la República”. Cinco días después, Ubico presentó su renuncia.

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