Cuando una sociedad hace el ejercicio de evaluar el desempeño de sus funcionarios para verificar si están cumpliendo con las funciones asignadas, ya sea en un cargo en la administración pública o por un nombramiento que se le otorga por su desempeño; o bien, atendiendo el mandato de la soberana voluntad del pueblo, es señal de que la democracia florece y principia a funcionar, constituyendo un indicador de que la participación ciudadana cumple su función de auditar la inversión de sus recursos financieros, naturales y humanos, para pagar a los servidores del pueblo en forma honesta y transparente.

Después de una etapa de oscurantismo que fue provocada por la corrupción en las distintas esferas del Estado y en el marco del Sistema Republicano, señalando a los tres poderes del Estado, es hora de tocar al poder Legislativo, en donde se ha hecho gala de aprovechar a conveniencia de los 158 diputados que distribuyen los recursos del pueblo para su beneficio; asignando el presupuesto de esta institución para propasarse del servicio político, autorizando altos salarios que contrastan con los sueldos de los trabajadores de las otras instancias del Estado.

De la misma manera habrá que revisar los salarios del poder Judicial, ya que atendiendo la independencia de poderes tienen la autonomía de asignarse prebendas salariales a diferencia de los otros ciudadanos que le sirven al Estado, provocando desigualdad y privilegios de los servidores de otras dependencias.

Ya no se puede admitir que en los altos cargos del Estado, para los que se supone son los más capaces, resultan ser profesionales incapaces porque se rodean de asesores para que les ayuden a hacer el trabajo que les corresponde desempeñar y por falta de capacidad tienen que contratar uno, dos y hasta a tres profesionales. Cabe la pregunta: ¿En dónde está la capacidad en el desempeño de sus funciones para el cual fueron electos o contratados?

En el caso de los diputados, que se sobreentiende tienen un alto nivel académico y como profesionales deben ser capaces de desempeñar tal función desde el momento que se proclaman candidatos para optar a tan alto cargo, lo que permite que su gestión se realice con excelencia, demandando calidad total en sus funciones para que el trabajo parlamentario se dé como tal, basados en los principios axiológicos como ciudadano y profesional, sin permitir que maneje de manera perversa la responsabilidad de representar al pueblo que lo elige en este sistema de gobierno dejándonos dudas, por lo que vale la pregunta: ¿Será este el sistema ideal para gobernarnos?

Este es el momento propicio para llamar a la reflexión a los partidos políticos —mercaderes de la política— para que hagan una elección previa de sus candidatos, con características de un líder capaz de realizar con eficiencia su trabajo; y por otra parte, demandar a la ciudadanía que hagan el papel de electores con responsabilidad, sin esperar prebendas y emitir un voto razonado y consciente para no elegir al menos apto.