La Comisión de Finanzas del Congreso se ha dado a la tarea de escuchar a diversos sectores para que se pronuncien y hagan sus observaciones respecto del plan de gastos para el 2016. La iniciativa podría calificarse de loable, si de verdad quienes integran esa instancia aplicaran lo que conocedores del tema sugieren para estructurar un presupuesto realista, libre del clientelismo, que deje de lado los bolsones politiqueros y con los candados necesarios para evitar manejos discrecionales que solo fomentan la corrupción.

Desafortunadamente, la primera sospecha es que muchos de los integrantes de esa polémica comisión podrían estar utilizando las audiencias con diversos sectores para retrasar la verdadera discusión, y todo con la intención de mantener la incertidumbre hasta el 25 de octubre, como para saber con quién negociar el proyecto de gastos. Algo que podría tener alguna lógica, pero es obvio que no les interesa encontrar vías para hacer eficiente el gasto, sino mantener a toda costa el exorbitante monto que solo acrecienta la deuda.

Por ejemplo, ayer se escucharon las opiniones de representantes de tres centros de pensamiento, especializados en temas económicos, en cuyo punto de vista técnico predominó la idea de que este presupuesto debe reducirse, para no terminar de socavar la macroeconomía. Entre quienes apoyan esta idea no hay acuerdo sobre el monto que debe recortarse, pues para algunos deberían ser Q10 mil millones y para otros, tan solo Q2 mil millones.

No obstante, si se atendieran las recomendaciones de apuntar a una mayor austeridad, no solo se conseguiría evitar que continúe creciendo la deuda externa e interna, sino que tal esfuerzo de capitalización serviría para proyectos de inversión y no para funcionamiento, con lo cual también se conseguiría darle un golpe certero a la vergonzosa caja registradora que utilizan numerosos diputados, funcionarios y alcaldes, al crear plazas fantasmas o empleos improductivos para pagar compromisos.

En todo esto también entra en juego la necesidad de replantear los objetivos organizativos de las dependencias del Estado, que se han visto prácticamente secuestradas por dirigentes sindicales que gozan de jugosas prebendas a cambio de venderles espejitos a sus bases, las cuales terminan siendo instrumentalizadas para ejercer presión a las autoridades. El sindicalismo estatal bien planteado puede ser un mecanismo de defensa de derechos laborales, pero bajo ninguna circunstancia deben tolerarse el chantaje y la mediocridad.

Los candidatos presidenciales deberían tener claros algunos recortes necesarios en diversas dependencias, que únicamente sirven para que aniden la corrupción y el compadrazgo, ello por no mencionar las plazas que solo existen en el papel y por las cuales cobra alguien que no trabaja.

La situación del país sigue siendo frágil y los actuales aspirantes a la Presidencia muestran un meridiano desconocimiento acerca del gasto público, quizá por eso y las ambiciones partidistas también persisten en el yerro de apoyar un presupuesto que avanza por la ruta menos recomendable, porque únicamente acrecienta el endeudamiento.