Empecemos con Trump, que incrementa la vigilancia fronteriza y suspende la deportación de los dreamers, que hubiera incidido en el desarrollo urbano de “mejorar la calidad de vida, la salud, la educación y la infraestructura para reducir la pobreza y la desigualdad”. Algo que ha quedado en manos del presidente Jimmy Morales, que es señalado por el Ministerio Público (MP) y la Cicig de una presunta financiación electoral ilícita en 2015.

El presidente, apoyado por sus cuates militares de Avemilgua y la extrema derecha, han convertido la impunidad como un asunto de los comunistas (¿?), y se receta un bono mensual de 50,000 quetzales (US$7,300). Ni corrupto ni ladrón (¿?). Esto desató un nuevo escándalo, pues este bono es de protección para oficiales en servicio activo, cuando él tiene a la SAAS que cuida su protección física. Oficialmente, Jimmy Morales recibe cada mes 146,950 quetzales, pero con el bono su ingreso real aumentó a 196,950 quetzales. Hoy se enfrenta a una baja aprobación social, cuando existen problemas económicos estatales de captación de ingresos (SAT) y una brecha fiscal que en agosto se ubicó en Q727.9 millones, con 18 asentamientos que están sufriendo problemas seguridad como los del puente Belice.

El Congreso, con más de 40 diputados enjuiciados, aprovecha para archivar la resolución de la Fiscalía General. Además, en una movida con calidad de la más baja para unos legisladores, tratan de protegerse junto a la Mara Salvatrucha (nada menos) y de los presos políticos de la cooptación del Estado del Mariscal Zavala y aprueban de” urgencia nacional” (¿?), con 107 votos (P.L.); reforman el artículo 50 del Código Penal que conmuta las penas de prisión, “por lo que personas con sentencias de 5 a 10 años podrían recobrar la libertad. La modificación implica que atendiendo a las circunstancias del hecho se podrá otorgar la sustitución de las penas que no excedan de diez años, mediante el pago de un mínimo de Q5.00 y un máximo de Q100.00 por cada día de encarcelamiento”. Las reformas fueron aprobadas en una sola lectura durante la sesión ordinaria con los votos de la alianza entre diputados del bloque oficialista FCN-Nación, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Movimiento Reformador (MR), Todos, Alianza Ciudadana, Unionistas-Creo, cuyo secretario general es hijo del alcalde Arzú, quien intentó aprovechar para maniatar a las autoridades responsables de velar por la pureza de los procesos electorales (P.L.). Además, la reforma del artículo que regula el delito de financiamiento electoral ilícito en beneficio de funcionarios señalados, con lo cual los libraría de persecución penal. La obligación judicial de un partido político será del contador de la agrupación, lo que beneficia a congresistas con antejuicio por ese delito y al presidente Jimmy Morales. La PGN expresó “su profunda indignación y rechazó las reformas penales aprobadas por los diputados del Congreso de la República”. Y, en la Plaza, sube el tono en contra del presidente Jimmy Morales, los diputados, la clase política y el alcalde Álvaro Arzú.

Todo esto podría concluir con el fin de la asistencia de Estados Unidos para Guatemala que está dirigida a instituciones públicas responsables, transparentes y eficaces, lo cual se podría agravar ante la advertencia de los senadores Ben Cardin, Tim Kaine y James Lankford que piden al secretario de Estado Rex Tillerson y a la embajadora ante la ONU Nikki Hailey que el Departamento de Estado retenga 50% de la ayuda a Guatemala, si no cumplen.

alfonsoyurritcuesta@gmail.com