Continuamente se conoce de jueces que permiten el ingreso en prisión de ciertos utensilios: televisores, microondas, refrigeradoras, etc. Ahora se ha sabido que tanto Daniela Beltranena como Anabella de León han salido —o lo hacen periódicamente— a visitar a sus familiares. La primera de ellas, regreso de su última visita “con olor a licor”. Por si no fuera suficiente, un juez autorizó a solicitud del Sistema Penitenciario y con el beneplácito del INACIF, el traslado de un peligroso reo al Hospital Roosevelt. Su violenta liberación ocasionó la muerte de siete personas, varios heridos y el pánico general. Todo eso merece una seria reflexión sobre el sistema, las autorizaciones, la responsabilidad de las instituciones y la nula cooperación interinstitucional.

Un preso como el huido, no debería haber sido conducido jamás a un hospital salvo para una extrema urgencia. Hay clínicas móviles capaces de atender a los detenidos en el lugar en que están internados. Si además lo fue para una extracción de sangre y únicamente iba custodiado por tres guardias, la insolencia se torna irresponsabilidad muy grave.

El sistema penitenciario es un desastre del que nadie quiere ocuparse. El asesinato en prisión de Byron Lima dejó en entredicho la inteligencia penitenciaria y el desmadre allí existente, especialmente al analizar las armas y explosivos que se introdujeron y cómo, según el MP, ocurrieron los hechos. Las autoridades encargadas deben prestar atención a lo que hacen, pero sobre todo asumir la responsabilidad en el desempeño de su cometido. Eso de autorizar alegremente salidas a hospitales o conceder ciertos privilegios debe pasar a la historia.

Quizá el problema radique en la organización. Si se han abierto fiscalías especiales para casi todo, creo que un organismo de vigilancia y supervisión del Sistema Penitenciario, integrado por jueces, funcionarios de prisiones y delegados de la PDH, se hace necesario. Lo ideal sería que la dirección de cada centro de detención fuese colegiada e integrase representantes de las instituciones citadas. Ninguna orden de salida o ingreso debería cumplirse sin autorización de ese órgano. Se entiende fácilmente: la dirección colegiada es más difícil de corromper, promueve más debate antes de adoptar una decisión y visualiza los problemas de forma integral ¿Por qué no se hace?, pues porque no hay voluntad de cambiar lo que hasta ahora ha sido una mezcla de “patito feo” y “negocio productivo”, explotado por muchos e ignorado por no menos.

Someter a control al 10% de reos que representan aquellos que pertenecen a pandillas y a organizaciones criminales, no debería ser un problema, pero hay que tomarse las cosas en serio. El error fundamental en el planteamiento, y la consecuente “complejidad” para resolverlo, estriba en pensar que hay que crear algo integral que permita la reinserción social del detenido. La forma de abordar el asunto puedes ser mucho más simple y pasa, posiblemente, por aceptar que el sistema penal primordialmente —o de forma única— sirve para aislar de la sociedad al infractor y recluirlo por el tiempo que la ley determine. Lo demás —la reinserción— debe ser producto de la actitud de aquel y no obligación estatal. Definir el origen de lo que hay que hacer, genera soluciones más ágiles y simples. Mientras en USA la ciudadanía no se cuestiona la detención y aislamiento del Chapo o ha dejado de debatir sobre Guantánamo, aquí queremos “salvar” a reos mientras nos asesinan cada vez que pueden.

No es necesario activar la pena de muerte sino el sentido común, posiblemente algo mucho más difícil ¡Despertemos de una vez!