Yo formaba parte del consejo editorial de Siglo Veintiuno cuando por primera vez oí hablar de la Ciciacs, el antecedente de la Cicig. Me pareció que la idea de entregarle a un órgano internacional responsabilidades tan fundamentales para cualquier Estado era una declinación de responsabilidades, por parte de las élites de Guatemala, muy grave.  Llegué a formar parte de acciones legales que cuestionaban la constitucionalidad de la Comisión, y cuando la CC emitió su opinión consultiva, indicando cómo debía interpretarse y aplicarse el convenio Cicig, publiqué un artículo afirmando que, en mi opinión, la CC había resguardado el núcleo, por así decirlo, de la soberanía nacional.

Para mí, enfocarse en el MP y en la acción pública penal era un error. Lo que ya entonces hacía falta a gritos era una reforma constitucional que estableciera un poder judicial verdaderamente independiente. Creo que llegó un momento en que el comisionado Castresana así lo entendió, pero le quedaba muy poco tiempo para lograr promoverla. También el comisionado Velásquez llegó a esa conclusión y tuvo éxito en que los tres poderes del Estado la respaldaran.

Mi impresión es que, en el fondo, ninguno de los sectores de poder real en Guatemala apoyaba la iniciativa de reforma constitucional. Desde los sindicatos del Estado hasta muchos de los dirigentes del Cacif, tenían dudas muy hondas. Era lo lógico. De muchas maneras, el régimen en vigencia daba mucho mayores alcances a su poder efectivo. Entonces, lo que a juicio mío fue un error de cálculo bastante claro sirvió de pretexto ideal. En efecto, las disposiciones sobre el derecho consuetudinario indígena fueron, para algunos, el pretexto, para otros, la razón de su oposición.

Estimo que el fracaso de la iniciativa de reforma fue una tragedia de dimensiones históricas. La sociedad guatemalteca se había visto a sí misma partícipe en 2015 del proceso que llevó a la renuncia de dos mandatarios embarrados de corrupción y, tres años después, el tema básico sigue siendo mismo. Pero están los otros temas: el éxodo de migrantes guatemaltecos, la insignificancia del gasto social, la nula inversión pública, la inseguridad personal y la violencia, la obsolescencia de las infraestructuras básicas y su ruina y la impunidad con que ocurren casi todas esas cosas.

Y ¿qué han propuesto el presidente Morales y el oficialismo en el Congreso, ante un cuadro así de crítico? Aunque parezca increíble, su propuesta consiste en una confrontación con la ONU, con todos los Estados donantes del “proyecto Cicig” y, a lo interno del país, con un sector de la sociedad civil y de la ciudadanía para quienes, sin la Cicig, nada va a cambiar. Puede que estén en lo cierto o no, pero son ciudadanos y organizaciones que han visto a tres sucesivos presidentes renovar el plazo de funciones de la Comisión.

En mi humilde opinión, esa confrontación es un despropósito que no tiene explicación objetiva posible. El Estado de Guatemala es uno y continúa en el tiempo. Las circunstancias por las que hace una docena de años se planteó a la ONU la creación de la Cicig casi no han cambiado. Pero además, ¿qué ha hecho el presidente por reformar las instituciones de justicia del Estado, de modo que sea innecesaria la injerencia internacional? Siendo el jefe del Estado, teniendo iniciativa de reforma constitucional con su Consejo de Ministros, no ha hecho nada.

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