Las autoridades del Tribunal Supremo Electoral entregaron el pasado viernes al Congreso de la República su propuesta de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, entre las que se incluyen varias novedades, las cuales podrían traducirse en un refrescamiento y hasta en una depuración de la clase política. Una demanda que ha dominado las protestas de la población que ha manifestado su repudio hacia un sistema que ha caído en las garras de la corrupción.

Una de estas propuestas es que a partir de las elecciones de 2020 el voto nulo pueda ser vinculante con el resultado de los comicios, y este criterio regiría para todo el proceso del que surja cualquier autoridad electa mediante el sufragio. Esto implica que si el voto nulo fuera el mayoritario, prácticamente de inmediato se anula el evento y se convoca a nuevos comicios, con la novedad de que no podrían participar aquellos candidatos que fracasaron en su intento de alcanzar un puesto de elección popular.

Esa sería una novedosa forma de expresar en las urnas el repudio por aquellos candidatos que no satisfacen las demandas de los votantes o sobre plataformas de las que también puedan tenerse dudas, por ser poco transparentes en sus gastos de campaña o porque quienes les acompañan tampoco pueden aportar en beneficio de una candidatura, con lo cual el voto se puede convertir en una poderosa herramienta de depuración o de exigencia ciudadana para que los políticos sean más responsables.

Esta primera propuesta, que es una de las más relevantes, solo tiene un reto por delante, y es que quienes hoy ostentan el poder Legislativo se resistan a su aprobación, con lo cual solo estarían acentuando una crisis que ellos mismos han provocado. Es claro que para la actual legislatura sería como dispararse al pie si surgieran síntomas de oposición a este planteamiento de las autoridades electorales, y debería ser aprobado sin mayores dilaciones, junto a otros puntos sugeridos en esta iniciativa, que solo persiguen la transformación del sistema.

De hecho, queda previsto con este cambio, a partir de las subsiguientes elecciones, que cuando los candidatos a alcalde, diputado o presidencial no logren superar los votos de los descontentos, los procesos deben ser repetidos en un plazo que queda resumido en casi cuatro meses, incluida la primera y segunda vueltas, para aquellos aspirantes que logren superar los sufragios nulos, con lo cual podría haber repetición de comicios solo en las regiones, o en el país, si fuera el caso, para volver a elegir a personas que sean mucho más convincentes.

Es obvio que ante un reto de esa naturaleza muchas cosas tienen que cambiar en el mundo de los políticos, pues tendrán que ser mucho más serios y responsables para evitar el bochorno de que un voto de repudio pueda ser más poderoso que el de los seguidores, así como no participar solo en busca de obtener algún beneficio.

La brasa está ahora en el Congreso, y en el retardo de sus integrantes para afrontar este reto quedará el riesgo de que las muestras de repudio a la clase política se mantengan en la protesta ciudadana.