Guatemala está a las puertas de un nuevo proceso para elegir a quienes integrarán la próxima Corte de Constitucionalidad (CC), y son variados los sectores que buscan influir en esa integración para poder colocar a sus más cercanos candidatos, con el fin de mantener ciertos privilegios.

Es oportuno recordar uno de los fiascos jurídicos del 2003, que justificó las críticas cuando la Corte Suprema de Justicia había declarado improcedente la candidatura a la Presidencia de Efraín Ríos Montt, pero posteriormente los magistrados afines al militar y que integraban el máximo órgano constitucional ordenaron su inscripción, aunque tuvo una abrumadora derrota en las urnas.

Por esos antecedentes y muchos otros que han dejado un mal sabor de boca en numerosas fallos, ahora se abre una nueva oportunidad para integrar una Corte mucho más idónea, capaz de mostrar plena independencia, alejada de presiones sectoriales, para que sus resoluciones no dejen la menor duda de que estarán basadas en el mejor criterio.

En esa búsqueda porque la próxima CC se integre con los mejores profesionales también existen varios sectores que han redoblado esfuerzos para vigilar por la transparencia en el proceso, pero también para evitar al máximo la infiltración de grupos de poder y, sobre todo, de aquellos con oscuros intereses que solo apuntan a entorpecer la impartición de justicia.

Un primer criterio que se ha planteado con ese objetivo es empezar por rechazar la reelección de los actuales magistrados, que han dado muestras de tener claros compromisos con diferentes sectores. Como siempre, habrá algunos que consideren que han hecho un buen papel y que expresarán lo contrario, por lo cual lo mejor es impulsar una profunda renovación de esa Corte, como los grupos de la sociedad civil lo han planteado.

Una de las afirmaciones más oportunas para ese cambio la hizo el jefe de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, quien opina con certeza que los guatemaltecos estamos ante la oportunidad de elegir a una Corte de Constitucionalidad de lujo, y es claro que eso empieza porque quienes aspiran a continuar con el manipuleo se aparten del proceso.

Al final es tan importante el papel que desempeña la CC en la consolidación de la institucionalidad y del estado de Derecho, que de los pocos grupos que antes buscaban incidir en los últimos procesos, eso se ha acrecentado y ahora son muchos más los que buscan influir en el proceso. Llevar a personas cercanas a círculos de poder solo acentuará el deterioro de la institucionalidad, y lejos de dar un paso hacia adelante se corre el riesgo de retroceder en el urgente fortalecimiento del sistema de justicia.

Buena parte de esa responsabilidad recae en todos, pues la exigencia por la transparencia y por la integración de una CC idónea, independiente y apartada de sectarismo no debe quedar en manos de grupos politizados que buscarán mantener privilegios, y con ello se corre el riesgo de que se torne adversa la lucha contra la impunidad. Tampoco se puede olvidar la eficaz y poderosa influencia de la ciudadanía.