Para terminar de ajustar el clima de inestabilidad en el que se encuentra el país, en donde cada día hay un nuevo conflicto, muertos, manifestaciones y demandas irresueltas, en estos últimos días se han incrementado los atentados en contra de la prensa.

Diputados señalados de hechos delictivos y otros, temerosos de lo que pueda surgir a través del trabajo periodístico, han reaccionado de manera violenta en contra de reporteras que han dado a conocer noticias de interés para la colectividad.

La tendencia creciente a judicializar el derecho humano y constitucional de informar y ser informado ha sido un recurso de políticos y de todos aquellos que no entienden, no aceptan o no conocen, la legislación nacional e internacional que ampara y protege la libertad de expresión y de prensa.

Tampoco saben que actividad de los medios de comunicación social es de interés público; que periodistas y comunicadores son los intermediarios profesionales entre la realidad que observan y aquellos hacia quienes dirigen su trabajo y que, por lo tanto, constituyen el factor fundamental del proceso informativo. Es impensable la existencia de una democracia verdadera sin una prensa libre.

En esta coyuntura, cuando han salido a luz pública hechos de corrupción que son constitutivos de delito y que provocan el repudio social, cometidos por empleados y funcionarios públicos, se ha exacerbado la actitud negativa hacia los periodistas, de los afectados por las publicaciones que los involucran.

Prensa Libre y el Quetzalteco han sido acusados por militantes del partido Líder por reportajes publicados en relación con hechos que tienen claros indicios de la comisión de hechos delictivos. En el primer caso por la publicación de un reportaje sobre el diputado Baudilio Hichos, hoy sometido a un proceso de antejuicio, quien en un intento por desacreditar la publicación, señaló al medio de haber recibido dinero para difundirla.

El director de el Quetzalteco también fue denunciado por una persona vinculada con el mismo partido, por una información publicada. El diputado Carlos Herrera, muy molesto por las publicaciones, intimidó a la periodista Jessica Gramajo; elementos de la seguridad de la ex vicepresidenta agredieron físicamente a varios reporteros que intentaron entrevistarla y un miembro de su seguridad agredió sexualmente a dos reporteras. Todos estos ilícitos ya han sido denunciados.

Desde el Observatorio de los Periodistas hemos circulado internacionalmente alertas sobre estos casos y alertamos a las entidades defensoras del derecho de libertad de expresión de estas agresiones en contra de la prensa; a la fecha tenemos contabilizadas 50 denuncias en nuestros registros. Estamos dando seguimiento a los casos en el Ministerio Público y exigiendo acciones en Gobernación.

La captura de dos miembros de la Policía Nacional Civil, señalados de coordinar el asesinato de Danilo López y Federico Salazar en marzo de este año es una clara evidencia de la participación de miembros de las fuerzas de seguridad en crímenes contra la ciudadanía.

Se confirma que muchos de los que violentan los derechos de los periodistas, e incluso los asesinan, son agentes del Estado, a veces vinculados a las fuerzas de seguridad. Urge una depuración de esos elementos y la captura del o los autores intelectuales de estos alevosos asesinatos, para someterlos a la justicia.

Es de reconocer el trabajo de los fiscales de la Unidad de Delitos contra Periodistas en esta investigación, pese a las amenazas que sufrieron.

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