EN ALGO ESTAMOS DE ACUERDO: A nadie le gusta pagar más impuestos, pero hay una realidad impostergable: la lucha contra la impunidad tiene un costo y muy alto. En la euforia de las manifestaciones ciudadanas y la salida abrupta de Baldetti y Pérez Molina, el Cacif estaba en la primera línea para felicitar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en (Cicig) y al Ministerio Público (MP) por la brillante labor en la desarticulación de las estructuras mafiosas dentro del Estado, así como las redes descubiertas en el IGSS y otras áreas públicas. Tras los grandes logros que empuja esa instancia de la ONU está la asistencia de la comunidad internacional que cada año dona US$12 millones para su funcionamiento. La Cicig sale gratis, pues, y eso le gusta al Cacif, que no cueste un solo centavo.

SIN EMBARGO, el rostro alegre de los empresarios se tornó opaco, hostil, cuando el comisionado Iván Velásquez sugirió la creación de un impuesto temporal para financiar a las instituciones de investigación y justicia. La propuesta va dirigida a gravar de manera temporal a los grandes patrimonios del país. Según Nómada, en Guatemala hay 260 corporaciones multimillonarias que tienen un capital superior a los US30 mil millones (unos Q225 mil millones), que equivalen a más de la mitad del PIB del país. Por algo el alcalde Álvaro Arzú dijo el lunes pasado una verdad contundente en relación a esos empresaurios: ��Quieren un país de primera, pero pagando impuestos de un país de tercera”.

PARA EL CACIF, NO HAY condiciones ahora para otro impuesto, ni mañana ni nunca. Pero sí, es el momento para promover sueldos por debajo del salario mínimo, que grandes corporaciones se hagan pasar por maquilas para tener incentivos fiscales y que recauden dinero de sus consumidores por medio de sus fundaciones para deducir pago del ISR. Todo eso merma los ingresos del Estado, pero no importa porque el gran empresariado tiene a sus ideólogos para que despotriquen contra cualquier nuevo tributo, no digamos el impulso de una necesaria reforma impositiva progresiva. La política neoliberal es reducir a su mínima expresión al Estado, pero exigirle resultados como si fuera un gran elefante.

PIENSO QUE EXISTEN empresarios conscientes que entienden este problema. Estamos en un momento clave de nuestra historian en el que por primera vez todos los sectores estamos involucrados en el combate de la corrupción y la impostergable fiscalización en el uso de nuestros impuestos, pero para eso se necesitan un Ministerio Público y un Organismo Judicial fuertes. Es cool decir que el endeudamiento público para financiar el presupuesto es irresponsable e insostenible, pero la carga impositiva del país es una de las más bajas del mundo. Es bonito decir que la Cicig debe transferir su experiencia a las instituciones guatemaltecas, pero estas no pueden funcionar con cascaritas de huevo huero. Iván Velásquez dijo algo muy cierto: “Es el momento de pasar del discurso anticorrupción a la acción”.