EL SURGIMIENTO DEL MÁS GRANDE trabajo periodístico de todos los tiempos, los llamados “Papeles de Panamá”, pone en el tapete de las meditaciones en todo el mundo, el viejo tema de la corrección y su supremacía sobre la legalidad. Estos miles de personas —ciudadanos, políticos, celebridades, etcétera— no estaban haciendo algo en contra de la ley. Pero sus objetivos, sobre todo en el caso de quienes tienen o han ejercido puestos públicos, son abiertamente incorrectos: la disminución o evasión en el pago de impuestos. Hacer esto, si bien se considera una acción obligada a causa de las prácticas corruptas con el manejo de los fondos públicos, tiene una motivación incorrecta, aunque a veces sea aplaudida y fomentada por motivos ideológicos.

LAS EMPRESAS OFFSHORE tienen motivaciones explicables, como mantener un perfil bajo económico, resguardar de mejor manera el dinero, pero por infortunio estos casos representan un porcentaje mínimo. El resto no tienen la intención de proteger, sino de ocultar, y allí es donde entran los testaferros. Cuando alguien cambia su estatus económico de manera súbita o en demasiado corto tiempo, es objeto de investigaciones en los países desarrollados, precisamente para determinar si la persona puede explicar el origen y si ha pagado los impuestos debidos. En todo el mundo. Los políticos corruptos y sus secuaces son los principales interesados en esconder sus mal habidos dineros, y este factor es perfectamente conocido por los paraísos fiscales.

LA TEORÍA ECONÓMICO-POLÍTICA de hacer de la reducción y evasión de impuestos un hecho no digno de castigo, sino merecedor de felicitaciones, debe ser ahora puesta en el banquillo de los acusados. Las inversiones fuera de plaza, es decir las llamadas offshore, no son incorrectas cuando el dinero tiene origen lícito y legítimo. La idea per sé puede no ser necesariamente incorrecta, pero el hecho de haberse convertido en instrumento de ilegalidades e inmoralidades evidentes obliga a repensarla, como han sido repensados algunos otros criterios sobre origen de fondos para ser colocados dentro de los sistemas financieros internacionales, así como sobre cuáles acciones de estos últimos ya no pueden continuar siendo permitidas legalmente.

SE PODRÍA CONSIDERAR DE alguna manera discriminatoria la sugerencia de vigilar sobre todo a los políticos. Pero debe hacerse: no es lo mismo haber abierto una cuenta hace poco tiempo, cuando una persona ejerce un cargo público, a tener una de estas formas de inversión desde hace 25 años, por ejemplo, en una actividad en la cual se puede conocer quién es el propietario. A causa de la poca investigación realizada por los países y bancos receptores de fondos susceptibles a tener mal origen, la figura se corrompió. Por eso no estoy de acuerdo en calificar de “satanización” al hecho de sospechar de las intenciones reales de quien abre una de estas empresas, lo cual sí se justifica en el caso de gente posiblemente proclive al testaferrato.

LO DESCUBIERTO GRACIAS AL trabajo del Consorcio Nacional de Periodistas de Investigación obviamente será un parteaguas para cambiar criterios y calificaciones para la legitimidad de las acciones personales e institucionales al respecto de dineros obtenidos legítimamente, a fin de evitar interpretarlos como necesariamente malos o inmorales. Mientras, irán saliendo a luz nombres de personas e instituciones relacionadas con este tipo de empresas fuera de plaza. Las revelaciones continuarán por largo tiempo y, a mi criterio, serán la causa fundamental para cambios necesarios y urgentes, porque de lo contrario se debería entronizar a la corrupción y a la impunidad como acciones cuyos efectos son devastadores para los seres humanos.