Las legítimas demandas de transparencia y de repudio a la corrupción de funcionarios de gobierno se han intensificado, pero también se han diversificado, incluyendo aspectos de carácter estructural que no habían sido mencionados en las reivindicaciones originales, cuya motivación exclusiva fue la corrupción.

Hay sectores que exigen que se modifique el cronograma de las elecciones y la Ley Electoral y de Partidos Políticos, agregando que algunas de esas reformas tienen que aplicarse en este proceso. El Tribunal Supremo Electoral, sometido a la presión social, había aceptado que tomarían en cuenta este sentir y que podrían enviar la consulta a la Corte de Constitucionalidad, opinión que fue duramente criticada por exmagistrado de ese tribunal Mario Guerra Roldán.

El jurista indica que no solo no se puede aceptar que las modificaciones se apliquen a este proceso que ya está en marcha, pues la ley lo prohíbe, sino que no es pertinente que se haga una consulta a la Corte de Constitucionalidad, pues el ente rector en materia electoral es el TSE. Se supo que finalmente los magistrados no darán marcha atrás en la fecha de los comicios.

Los obispos, en su comunicado “Nos duele Guatemala”, calificaron como inmundicia la corrupción en el Estado y justificaron las movilizaciones como una genuina indignación popular frente al latrocinio. Sobre la prórroga de las elecciones, opinaron que no deben retrasarse, pues hacerlo significaría romper el orden constitucional, a pesar de que reconocieron la incapacidad por ineptitud y malicia del Congreso para cambiar oportunamente la Ley Electoral y de Partidos Políticos. La Conferencia, en su postura, no se sumó a la petición de renuncia del mandatario guatemalteco.

El Procurador de los Derechos Humanos valoró como positiva la forma en que la población se ha manifestado y reconoció que el sistema no funciona, pero consideró que es más importante lograr cambios de fondo que la renuncia del presidente que piden los manifestantes. Por su parte, el ministro de la Defensa declaró el respaldo irrestricto del ejército al orden institucional y constitucional vigente.

Y, a pesar de que se ha instado reiteradamente al embajador Todd Robinson para que le quite el apoyo al presidente Pérez, al final de la semana fijó la postura de su país al indicar que Estados Unidos apoyan a los gobiernos y no a las personas que están al frente de estos y aseguró que continuarán apoyando la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y el fortalecimiento de la transparencia, por eso están trabajando con el gobierno de Guatemala.

Los obispos recordaron que la mitad de la población vive en pobreza, la mitad de los niños están en estado de desnutrición crónica, los jóvenes carecen de oportunidades y llamaron al rompimiento de los ciclos de exclusión, demandas que están ausentes en las protestas de los manifestantes.

Guatemala está bajo los reflectores internacionales; una alta funcionaria de Estados Unidos dijo que la corrupción aquí es peor que la de América del Sur y de Honduras. Hizo un llamado para que la situación de Venezuela y Guatemala se conozca en reuniones paralelas en la próxima reunión de la OEA. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) y la Unión Europea hicieron un llamado a los actores políticos económicos y sociales a ejercer un papel constructivo y equilibrado para fortalecer la democracia, y rechazaron cualquier amenaza de ruptura del orden constitucional.

Todo indica que nos abundan los tutores externos.

iliaalamilla@gmail.com