MUCHO SE HA comentado, con razón, acerca de la importancia histórica de las manifestaciones realizadas en el Parque Central por ciudadanos no acarreados, espontáneas, para hacer peticiones permitidas dentro del orden constitucional del país. No importa la clase de solicitudes o exigencias, sino el hecho de haber terminado el temor de expresarse en público, y como corolario quedó claro un hecho: no tienen por qué ser violentas, ni revoltosas, ni causar daños a la propiedad privada o a los bienes del Estado, como es el Palacio Nacional. Por esa causa, debe ser motivo de inquietud la paralización de la capital ocurrida el viernes pasado y causante de serios efectos personales, económicos para un gran porcentaje de capitalinos.

CUANDO OCURRE un hecho de esa naturaleza, se debe analizar quién sale beneficiado. Evidentemente, no es el país ni sus ciudadanos. Podría ser el Gobierno, pero sin duda alguna tal acción se convertiría en un bumerang de consecuencias muy serias, un suicidio político, en especial por las condiciones políticas actuales del país. Quedan otras posibilidades: una es la de la participación de algún grupo anarquista, cuyo motivo fuera sembrar el caos por el gusto de hacerlo, o simplemente para ganar presencia en el panorama nacional. Sin embargo, eso es también muy poco probable en el escenario guatemalteco. Queda entonces buscar otras fuentes de donde haya emanado tal forma de perversión causante de miles de afectados inocentes.

UNA ACCIÓN PARTIDISta, dirigida clandestinamente, es otra de las posibilidades. Requiere un par de condiciones. Una, preocupación porque en la capital teman o estén seguros de una derrota y por ello se escoge la fecha última para poder empadronarse, y así ayudar a no agregar votos desfavorables. Dos, la decisión de actuar de manera irresponsable, sin importar las angustias, complicaciones o simples molestias a escolares y trabajadores. Tres, la decisión de afectar al Gobierno sin importar cómo. El problema principal radica en la enorme similitud de esas acciones con las organizadas en otras ocasiones por algunas organizaciones sindicales y con los hechos delictivos organizados por grupos políticos en el año 2003, con el Jueves Negro.

DIRECTIVOS DE LOS cinco sindicatos del IGSS ya amenazaron con acciones similares a partir de hoy. Se debe comprender la gravedad de este asunto porque puede ser considerado como una acción motivada por las próximas elecciones. En ese caso, la explicación de quién las organiza, las ordena o las financia se debe buscar entre los partidos políticos, y, dentro de ellos, quién tendría la imagen de ser capaz de hacer cualquier cosa por llegar al poder. Todo se sabe, y ahora en el Congreso anda el rumor de una casa cerca de la Cruz Roja donde se entregan pancartas con fin político. Los partidos deben tener claro el peligro de participar de alguna manera en estas acciones antidemocráticas. La madurez ciudadana quedó demostrada en el Parque Central.

ACLARACIÓN. Obtuve nuevas informaciones confiables acerca de la propiedad de un carro Ferrari en el cual Otto Pérez Leal, alcalde y candidato a la alcaldía de Mixco, e hijo mayor del presidente Otto Pérez Molina, supuestamente se conducía en una de las calles de la capital. En efecto, el carro existe, pero se encuentra registrado a nombre de una empresa comercial fundada hace siete años y dedicada al transporte de mercancías. Obtuve los nombres de la mayor accionista, exfuncionaria del gobierno portillista, así como de su hijo, quien lo maneja con asiduidad y reside en la zona 11. Me reservo los nombres, porque no tienen relación con asuntos políticos electorales de hoy, y presento excusas por la equivocada publicación.