La reciente resolución de la Corte de Constitucionalidad de otorgar amparo a la abogada Karen Fischer no ha hecho más que encender la polémica en torno a los casos de corrupción que se ventilan en los tribunales y donde hasta ahora el presidente Otto Pérez Molina no ha podido escapar a los ecos de la protesta. De hecho, muchas de las más recientes críticas se dirigen ahora a ese fallo dividido que avalaron tres magistrados, en una medida que de momento parece favorecer al mandatario.

Pero no es este el único caso. Desde hace algunas semanas, el país se encuentra sumido en una agitación jurídica que no parece tener fin en el corto plazo, a juzgar por los protagonistas que ahora también han sido señalados. A los procesos de antejuicio que ya llevaban semanas de deambular en el ambiente, ahora se suman tres, el primero es el que se planteó contra la candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres, quien fue acusada de haber incurrido en delitos electorales, proceso que ya fue trasladado a la Corte Suprema de Justicia.

Un día después de esa acusación también se planteó una solicitud de antejuicio contra el presidenciable de Líder, Manuel Baldizón, a quien se le acusa de haber cometido similares ilícitos. Este cuadro enrarece el ambiente político, a poco menos de tres meses de las elecciones, y amenaza con complicarse aún más, a juzgar por los otros casos que, se supone, todavía debe revelar la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

En esa línea de ofrecimientos del comisionado Iván Velázquez, de que vendrían solicitudes de antejuicio contra varios diputados, justamente al día siguiente se produjo el primer trámite, enderezado contra Baudilio Hichos, un legislador por Chiquimula sindicado en la Corte Suprema de Justicia por tráfico de influencias, asociación ilícita y fraude. Todo ocurre en el marco de los escándalos de corrupción que siguen siendo destapados por los entes investigadores, pero que tienen especial relevancia por involucrar a políticos.

En menos de dos meses se han solicitado cinco trámites de antejuicio contra igual número de políticos, y el único que no llegó a materializarse es el de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, quien evitó cualquier interrogatorio de la comisión pesquisidora al renunciar al cargo. Pero continúan pendientes los procesos para despojar de inmunidad al presidente de la República, a un legislador y a los dos candidatos a la Presidencia que por ahora parecen ir en los primeros lugares de las encuestas electorales, lo que podría encender más los ataques.

Llama la atención que la mayoría de los casos empezaron a ser planteados por hechos de corrupción, lo cual ha desencadenado la indignación ciudadana. Por ello es que ahora son de nuevo las Cortes las protagonistas de serios procesos para enjuiciar a los políticos que parecen haber incumplido con sus deberes. O en todo caso, haberse aprovechado de sus posiciones para beneficiarse personalmente y a sus allegados, y por ello es que el movimiento de rechazo a la corrupción necesita el convencimiento popular de que se opera sin favoritismos.