La sustitución de funcionarios con el cambio de cada gobierno es un proceso considerado natural en escenarios que —como el guatemalteco— no obedecen a criterios técnicos sino a compromisos y objetivos políticos. Esa es una de las razones por las cuales el país se debate entre la improvisación, el retroceso permanente y el incumplimiento de metas estratégicas a largo plazo.

En el caso del gobierno actual, esa ruptura permanente del trabajo a largo plazo y su sustitución por el cortoplacismo parece haberse acentuado por la ausencia de un plan de trabajo definido y la carencia de cuadros técnicos para administrar la cosa pública. Los críticos de la gestión de Jimmy Morales señalan que en las primeras cuatro semanas se ha improvisado excesivamente, permitiéndose acomodamientos que más parecen reflejar arreglos con sectores oscuros y nefastos para el país.

De ahí que la percepción pesimista del futuro nacional tenga cada día más seguidores, en desmedro del prestigio del equipo de gobierno y, obviamente, de la confianza y apoyo de los ciudadanos.

Es admisible el reemplazo de algunos funcionarios cuando cambia el gobierno. Sin embargo, criterios como los resultados obtenidos en beneficio de las instituciones y de los intereses ciudadanos deben privar sobre las intrigas y la ambición de muchos por asumir el poder y con ello acceder a negocios y a la posibilidad de corromper un poco más a la administración pública.

Es obligación de los ciudadanos estar pendientes de esos cambios. El Gobierno debe saber que en las actuales condiciones sociopolíticas nacionales, los relevos de funcionarios deben obedecer al desempeño y no a la negociación política. El compromiso del presidente Morales con el país se reflejará en la estabilidad que su gestión lleve a las instituciones, en especial si se toma en cuenta que hasta ahora ha quedado en evidencia que se están haciendo cambios por temas ajenos al desempeño de quienes sirven a las instituciones y no a los gobiernos.

Si lo que el gobernante busca es estabilizar al país y hacerlo avanzar rápidamente para salir del torbellino del 2015, necesita considerar la evaluación de los funcionarios en base de los logros que estos le puedan presentar. Transparencia en la gestión, adecuado manejo de los recursos del Estado y claridad en el rumbo que le conviene a la nación son partes incluyentes en esa hoja de ruta que el actual régimen debe aplicar como criterio para hacer sus cambios.

El desafío es mayúsculo porque si tal y como lo dijo el presidente en su discurso de toma de posesión, “vienen buenas cosas”, una de ellas puede ser defender la institucionalidad y privilegiar lo técnico sobre lo clientelar. Debe tomarse en cuenta que hoy por hoy pesa un insoportable desprestigio sobre las decisiones basadas en compromisos partidarios, ya que las mismas se interpretan desde la lógica de quienes no sirven al Estado, como riesgo de corrupción.

Ojalá el mandatario tenga claridad para interpretar el momento actual y encuentre la mejor manera de servir a Guatemala por sobre todas las cosas. Es su misión y su promesa.