A CONSECUENCIA DE LOS temas tratados luego de la victoria electoral de Jimmy Morales, se ha ido quedando en el tintero un tema relacionado con el Tribunal Supremo Electoral: cómo actuará con los diputados integrantes de un grupo de gente en realidad impresentable, porque tienen en común haber sido reelectos a pesar de existir motivos para dudar de su idoneidad; es decir, ser apropiados y adecuados para el puesto. Se trata de personas cuyo conocimiento de la población se deriva de numerosas acciones cuestionables publicadas en la prensa, o simplemente desconocidos debido a su capacidad para pasar inadvertidos y confundirse entre las demás cabezas de los 168 padres y madres de la pobre patria llamada Guatemala.

EN TOTAL SON 13. De ellos, una es mujer. Nueve son lideristas: Mario Rivera, Baudilio Hichos, 22 años cada uno de estar en el Congreso; Jaime Martínez, 12 años; José Luis Castillo y Mirza Arreaga, 8; José Inés Chávez, Mario Yanes y Fidel Reyes, 4 años; dos son lideristas: Gudy Rivera, 12 años, y Estuardo Galdámez; uno es uneísta, Haroldo Quej, 16 años, y uno es une-ganista, José Domingo Trejo, 8 años. En cuanto al transfuguismo, hay empate de cuatro cambios entre Hichos: (UCN, FRG, UCN, Líder); y Mario Rivera: (DC, FRG, Une, Líder). Tienen tres cambios Martínez, (Gana/Une-gana/Líder); Quej, (FRG, PP, Une); y José Inés Castillo (Une, Une-Gana, Líder). Dos veces, Rivera (Gana PP) y José Domingo Trejo (Une, Une-Gana.)

ENTRE LAS ACUSACIONES, en cuatro casos presentados por el MP y la Cicig, se encuentran lavado de dinero por US$900 millones (Martínez), y por una cantidad menor, Rivera; pero además hay enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, asociación ilícita, abuso de poder, fraude, usurpación de funciones, coacción, abuso de autoridad y ser contratistas del Estado. Cuando ocurrió el serranazo, hace ya 22 años, la reacción popular y de la sociedad civil provocó dentro del parlamento la integración de un grupo denominado “diputados depurables”, en un esfuerzo por salvar no solo la joven democracia electoral de ese entonces, sino de retornarle al Congreso algo de la dignidad cuya ausencia lo convierte en un cadalso de democracias.

LAS MANIFESTACIONES realizadas entre abril y agosto pasados demostraron la exigencia popular de terminar con los abusos, la corrupción en las instituciones del Estado, incluyendo el Congreso. A causa del poco tiempo faltante para las elecciones, no fue posible repetir la depuración realizada en 1993, y por ello esta galería de personajes pudieron participar y ser reelectos. No me cabe duda: algunos ya tienen listas las maletas para “transfuguear” nuevamente, y unirse al escaso grupo de diputados oficialistas a partir del 14 de enero, a las 14 horas. Por ello, el TSE, en vista de las circunstancias, necesita tener el coraje cívico para aplicar la ley en estos casos, como un primer paso en la dirección correcta para el regreso de la corrección al gobierno.

AL MENCIONAR ESTE TEMA no se puede dejar de incluir al Ministerio Público y a la Cicig. Se debe recalcar la importancia del afianzamiento del equipo técnico y humano de ambas instituciones, pero en especial la permanencia por un tiempo de por lo menos dos años de quienes hoy las encabezan. La magistrada Thelma Aldana y el comisionado Iván Velásquez, por sus características personales de actuar serena, pero firmemente, hicieron realidad la eficiencia teórica de tales entes jurídico-investigativos. Esta actual Cicig comprueba el lamentable accionar de sus dos anteriores jefes, por razones distintas. Por eso el TSE no puede darse el lujo de desentonar en este esfuerzo, ni de contribuir a la decepción y desesperanza ciudadana.