En Guatemala, los problemas ambientales se hacen cada vez más críticos, pero la ciudadanía solo se percata de lo mal que estamos cuando un escándalo se ventila en los medios. El mejor ejemplo es Amatitlán, que tiene décadas de deterioro sostenido, pero es solo hasta ahora —porque los medios de comunicación no sueltan el caso— que parece haber una angustia —compartida por todos los sectores— respecto de uno de los cuerpos de agua dulce más importantes del país. La presión para que se actúe correctamente es altísima, y aún así los presuntos implicados se empeñan en continuar con su negoción. ¿Qué hubiera pasado si los medios de comunicación no mantienen la nota en primera plana?

Precisamente por esa capacidad que tienen los medios de levantar, mantener o sepultar un tema es que duele —y preocupa— que no le den mayor importancia a otros temas ambientales que tienen que ver con la vida y la desgracia de tantas personas; como el robo de ríos en la Costa Sur, las megaplantaciones de palma africana o la destrucción y contaminación por minería metálica. ¿Por qué estos temas no ocupan titulares en los grandes medios?

Lo que sí “producen”, eventualmente, son campos pagados. Ayer apareció uno, encabezado con los logos de la Cámara de Industria y la Gremial de Industrias Extractivas, donde se califica de “exagerado e improcedente” que el juez de Primera Instancia de Cuilapa, Santa Rosa, haya decretado prisión preventiva al “colaborador” (Carlos Roberto Morales es el gerente administrativo) de Minera San Rafael. La empresa está acusada de contaminación industrial. Tras observar —durante más de 10 años— cómo actúan aquí las compañías mineras (el descaro con que presentan Evaluaciones de Impacto Ambiental inservibles, mañosamente divididas para disfrazar los verdaderos impactos ambientales, la prepotencia, y la violencia que son capaces de desatar) es evidente que lo hacen porque se saben bien protegidas: nuestros gobiernos han sido sus relacionistas públicos y decididos defensores.

Pero hay indicios que despiertan esperanzas en la ciudadanía. La noticia, publicada en La Hora, sobre la orden del Tribunal Octavo de Sentencia Penal, de investigar a fiscales del MP por haber falsificado pruebas documentales en el caso de los miembros de la Resistencia de La Puya que fueron acusados de amenazas y retención ilegal y absueltos el pasado 27 de febrero, indica independencia judicial. Y eso es lo que no hemos tenido: un sistema que juzgue imparcialmente, donde el poderío político y económico no pesen.

A partir de este martes preside la Corte de Constitucionalidad Gloria Porras. Una mujer que ya dio muestras de tener criterio independiente.

Una magistrada presidenta, que representa la posibilidad de que la máxima instancia de justicia vuelva a dictaminar apegada al espíritu de nuestra Constitución. Y eso es un primer paso para empezar a enderezar la justicia en nuestro país.