El Censo Nacional de Población y Vivienda es una actividad de Estado que debería tener un alto significado simbólico y técnico para la sociedad. Lo mínimo que deberíamos saber todos es quiénes somos, cómo nos identificamos a nosotros mismos, cuántos somos y cómo nos distribuimos en el territorio nacional. En nuestro caso particular, es vital saber también quiénes y cuántos connacionales estimamos que están allende de las fronteras, dato particularmente relevante ahora que se ha habilitado el voto en el extranjero. Valga decir que se pretende que se pueda votar simplemente con el pasaporte vigente, sin tener un parámetro previo de cuántas personas estarían aptas para votar, mucho menos un padrón electoral de ciudadanos en el extranjero contra qué confrontar la votación. ¡Esto se puede prestar a cualquier cosa!

De allí que el Censo 2018 debería ser particularmente significativo para la Dirección General de Migración, para el nuevo Instituto Nacional de Migración —cuando entre en funciones—, la Cancillería, el Renap —que podría calibrar su base de datos de ciudadanos con DPI— y no digamos para el Tribunal Supremo Electoral, aunque a la fecha no he escuchado a ningún funcionario de estas instancias emitir el más leve pronunciamiento al respecto.

Se aduce también que el censo de población es fundamental para formular mejores políticas públicas y para que la planificación y programación de estas sea más precisa en tamaño y alcance. Es decir, en teoría, el Censo nos da la base poblacional y territorial para programar y proyectar a corto y mediano plazo los servicios, la infraestructura y las oportunidades para la inversión a escala nacional, regional, departamental, municipal y comunitaria. No digamos, si lo vemos en su perspectiva más completa, de detallarnos las condiciones de vivienda y habitabilidad de la población que será contabilizada.

Naturalmente, este es el “deber ser” que justifica y da importancia a una actividad de la envergadura y el costo que tendrá el Censo de Población —más de 200 millones de quetzales—. En la práctica, queda mucha duda de cuál será la capacidad institucional real en el sector público para usar los resultados del Censo para todas las finalidades indicadas. En las últimas dos décadas nos hemos acostumbrado a citar el dato en diagnósticos y, a veces, a mezclarlos en los argumentos, pero la subutilización de la información estadística para el análisis, la planificación y la programación de los recursos públicos sigue siendo mayúscula.

En todo caso, la primera condición para que el Censo sea útil es que se debe poder confiar en él. Eso parte de un diseño apropiado, hecho por expertos, pero abierto a la más amplia participación ciudadana, asunto que no se ha cumplido debidamente todavía. Lo segundo es que se haya asegurado que el proceso de recolección y procesamiento de la información está técnicamente bien hecho, que no se deja población sin contabilizar y que ha sido completamente transparente. Tercero, que la conducción del mismo, aparte de estar en manos especializadas, sea hecha por personas de alta credibilidad y legitimidad social, personas en quienes la población confíe que no se prestarían jamás a los intereses del momento, ni darían acceso privilegiado a información a grupos particulares de interés. Por ello la conducción requiere de un (a) demógrafo experto, con legitimidad social, capaz de conducir el levantamiento de información a gran escala y asegurar el procesamiento transparente y técnico de los datos.

Se ha abierto una nueva oportunidad para que el Censo de Población 2018 sea un instrumento verdaderamente útil a la sociedad y no un tremendo gasto de dinero.