DOS ACCIONES DE LA SEmana pasada han servido para afianzar y comprobar la justificación de la desconfianza popular respecto de dos asuntos. El primero es cómo y quién debe decidir los cambios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, una de las tres urgentes de reparar para evitar el hundimiento definitivo de la debilucha democracia nacional. En pocas palabras, los partidos políticos declararon su unánime oposición a poner en marcha esos cambios antes de las elecciones próximas, lo cual, en la práctica, significa otros cuatro años de un gobierno similar o incluso peor al actual. Es, ¿quién puede dudarlo? colocarse de nuevo a espaldas de la voluntad popular y con ello poner en peligro la paz social, pendiente de una tela de araña.

EL SEGUNDO MOtivo para sentirse preocupado lo constituye la paralización de la capital realizada el viernes anterior por menos de un centenar de personas cuya acción ilegal se parece demasiado a la forma muy conocida de actuar de los “trabajadores de la educación”, no maestros, comandados por el dirigente Joviel Acevedo, quien en los últimos días se ha dedicado a llamarlos para intentar desacreditar a quienes han participado en las manifestaciones sin ser acarreados, con todo orden y toda muestra de civilidad. Es evidente: el objetivo de esta paralización es desvalorizar esa presencia popular en las calles, con el fin de despertar el temor por posibles actos violentos, posiblemente al estilo del Jueves Negro del gobierno eferregista.

POR APARTE, EL PRESIdente tampoco ha colaborado para dar una nueva imagen. Al nombrar a Carlos Contreras como presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, nada más cambió a un incondicional suyo con alguien relacionado de manera directa con el desfalleciente Partido Patriota y, en especial, con la exvicepresidenta Roxana Baldetti. El mandatario no quiso aceptar la mala percepción acompañante de cualquier persona relacionada en cualquier forma con la defenestrada funcionaria, quien ya entró a la historia por la puerta de atrás. Independientemente de las cualidades personales del nuevo presidente del IGSS, llama la atención por qué ocurre esta nueva comprobación del cierre de los ojos para no ver la realidad.

A LAS CUITAS PRESIDENciales debe agregarse otra: su hijo, el alcalde de Mixco, al andar por las calles en uno de sus carros italianos de superlujo, provocó aún más molestias ciudadanas. El valor de los carritos puede alcanzar un millón de dólares, y si el sueldo mensual del alcalde de Mixco es de 40 mil quetzales —o sea mucho dinero— es necesario ahorrar la totalidad de esa suma durante veinte años para poder adquirirlos. Como padre debería ordenarle abandonar la contienda, a fin de evitarle una segura derrota y una salida abucheada aunque merecida. Solo le está quedando el apoyo estadounidense, basado en “mal con Otto, peor sin él”, sobre todo después de la desaparición de la escena del nuevo vicepresidente, Alejandro Maldonado.

EL CONGRESO TIENE EL dudoso honor de compartir el centro de la desconfianza popular. La alianza Líder-PP, tan útil para llegar a componendas, ya comienza a pasarle la cuenta a ambas tribus políticas y sobre todo a Manuel Baldizón, víctima de la muy mala idea de basar su propaganda en “le toca”. Al exigir la aplicación de la ley actual, los diputados no quieren darse cuenta de los riesgos para la participación de los partidos si el Tribunal Supremo Electoral aplica la ley actual y desbanca a quienes ya sobrepasaron el techo del gasto en propaganda. Mientras esto ocurre, se solidifica la desconfianza popular y el rechazo a esperar otros cuatro años para poner orden. El tiempo simplemente ya no es suficiente para dejar todo como está.