DESDE HACE ALGÚN TIEMPO, diversos analistas políticos han hablado del tema de la ausencia de las mujeres en la actividad política, un fenómeno existente a mayor o menor grado en todos los países. A lo largo de la historia, las mujeres como cabeza de Estado han sido una minoría, y hasta hace relativamente poco tiempo se reducían a ser reinas, y esto debido a no existir en sus países la tradición de ser exclusivamente masculino el título de rey. Isabel la Católica, de España; Isabel I y II de Inglaterra; Catalina la Grande, de Rusia; Cristina, de Suecia, son solamente algunos de los nombres de personajes históricos. En el caso actual, las primeras ministras Margaret Thatcher, de Inglaterra, y Ángela Merkel, de Alemania, siguen siendo excepciones.

EN DEMOCRACIAS muy sólidas, como Estados Unidos, la participación de la mujer en la política sigue siendo minoritaria. Hillary Clinton acaba de avanzar en su carrera para convertirse en la primera mujer presidenta. En el subcontinente latinoamericano ha habido casos inesperados, como el de doña Violeta Chamorro, en Nicaragua; Isabel de Perón y Cristina Fernández, en Argentina; Dilma Rousseff, en Brasil; Michelle Bachelet, en Chile, y Mireya Moscoso, en Panamá. Sus presencias no escapan a críticas, como es natural. En el Oriente también son dignos de mencionar los casos de Indira Gandhi, en la India; Benazir Bhutto, en Pakistán (ambas asesinadas); Imelda Marcos, en Filipinas y, ahora, Tsai Ing Wen, en Taiwán.

ES IMPORTANTE SEÑALAR esto porque todos esos ejemplos de mujeres como jefes de Estado en los siglos XX y XXI han ocurrido en países donde no existe ninguna obligación legal para paridad de sexo en las actividades políticas, parlamentos, organizaciones municipales, etcétera. Lejos de eso, la India y Pakistán, por ejemplo, son sociedades donde el papel de la mujer sigue estando vergonzosamente atrasado, al compararlo con la situación de otros lugares del mundo, a consecuencia de una nefasta mezcla cultural y en algunos casos religiosa. Resulta innegable el lugar destacado de la mujer en la sociedad occidental, sobre todo en las últimas décadas, al compararlo con el sufrido por ella en esas sociedades en ese sentido muy atrasadas.

ES MUY DIFÍCIL LLEVAR A LA práctica la idea de establecer por ley la participación de la mujer en política gracias a paridad de sexo. La única forma justificable, en realidad, es la de un 50%, pero aun eso es motivo de discusión a consecuencia de los cambios habidos en las sociedades actuales en cuanto al tema las personas homosexuales o lesbianas, tema de por sí muy complicado porque se puede analizar desde puntos de vista muchas veces contradictorios. Cuando se decide una paridad de 20 o 30%, por ejemplo, es necesario explicar muy bien las razones para llegar a esa cifra. Debe quedar claro cómo actuar si ese porcentaje no se logra: si se reduce legalmente el número de hombres para obtener esos porcentajes decididos en la ley.

LA AUSENCIA FEMENINA de la política se debe a desinterés y al temor por perder prestigio, por sufrir cualquier tipo de presiones o vejámenes, por no enfrentar presión social o familiar. Es un hecho: en nombre de la igualdad no se puede obligar a nadie a hacer algo. Tan simple. Por ello la solución es a mediano o largo plazo y comienza en dignificar la actividad política a consecuencia de convertir a los partidos en verdaderas instituciones de derecho público. El avance de las mujeres guatemaltecas en todos los órdenes no solo es innegable sino significativo y provechoso para el país, pero no considero positivo obligarlas a participar en política. Si no hay cambios en la praxis política, las mujeres no participarán, aunque haya cuotas.