Una noticia que no es del todo sorpresiva y que explicaría por qué resulta también tan fácil que desalmados pandilleros cometan actos de terror con armamento de uso exclusivo para los militares, como ocurrió recientemente con los ataques con granada en la zona 18. Sin embargo, resulta inconcebible que los niveles de corrupción por parte de empleados públicos lleguen a esos extremos de permitir que peligrosos delincuentes puedan disponer con tanta facilidad de armamento letal o de teléfonos que les sirven para cometer otros hechos delictivos.

Es de sobra conocido que muchos de los casos de extorsión son coordinados desde las cárceles guatemaltecas, y por ello es que una de las tareas más urgentes que deberían emprender las autoridades es sanear las principales prisiones del país, para impedir que continúe desbordándose tan criminal actividad, salvo que se tenga algún interés en no ponerles coto a esos repudiables actos o que sea tanta la incapacidad como para no controlar los hechos más recurrentes.

Puede ser también que la corrupción haya alcanzado niveles inconcebibles y que sea algo incontrolable, lo cual sería mucho más grave, porque implicaría que se sumen factores que harán cada vez más difícil el combate de esas plagas que alimentan la inseguridad. Por eso es que tampoco resulta casual que agentes de la Policía Nacional Civil se vean involucrados con mayor frecuencia en deplorables ilícitos, como ocurrió recientemente con un atleta nacional, a quien extorsionaron y amenazaron con falsas sindicaciones o la implantación de pruebas.

Lo sucedido en la cárcel de Fraijanes y que se suma a denuncias similares en el Centro de Detención Preventiva para Hombres, de la zona 18, aumenta la preocupación, porque son frecuentes esos operativos y también el hallazgo de artefactos que nunca debieron ingresar, mucho menos armas de fuego o municiones, como se descubrió esta vez. Esto evidencia la poca efectividad de las fuerzas de seguridad para ponerles fin a esas anomalías y al menos en alguno de los reclusorios debería implementarse algún modelo que demuestre que puede cambiar la situación.

En cualquier sistema que se precie de un mínimo de efectividad, lo menos que debería ocurrir es la destitución inmediata de las principales autoridades de los penales en los que se dan esos hallazgos, porque si no se hace de esa manera se están tolerando actitudes inaceptables. Hay que insistir en que los presidios son centros de generación de criminalidad, y tampoco puede ser que haya que asignar a otros elementos de seguridad que constantemente deban efectuar operativos para corregir las fechorías de empleados menores.