Dos temas mantienen el dominio de la agenda nacional. Uno es la corrupción desatada en distintas instancias y existen muy pocos esfuerzos para su erradicación o cuando menos que sus indicadores sean menos nefastos. El otro es la violencia, que tampoco parece dar tregua y que se cierne como una constante amenaza contra los guatemaltecos. Lo más lamentable de ambos flagelos es que en muchos casos sus líneas de acción se entrecruzan de manera fatal.

El martes recién pasado fueron asesinados dos periodistas en Mazatenango. Uno de ellos, Danilo López, corresponsal de Prensa Libre en esa ciudad, había publicado trabajos relacionados con malos manejos administrativos en la Municipalidad de Suchitepéquez, por lo cual ya había presentado las denuncias respectivas ante las autoridades correspondientes. Todo apunta a que uno de los casos en los que trabajaba pudo haber sido el motivo del ataque en su contra, el cual fue de lamentables consecuencias.

Por otro lado, el miércoles último por la tarde se conocía de la sentencia emitida por el Tribunal Primero B de Mayor Riesgo contra Francisco Isaí Hidalgo Argueta, exalcalde de La Democracia, Huehuetenango, a quien se le encontró culpable de haber desfalcado Q470 millones hace casi 10 años. Esta es una sentencia que debería servir de escarmiento para los políticos corruptos, aunque en realidad son muchos los casos que quedan impunes y que se mezclan con otros hechos ilícitos.

El jueves, en el Congreso, se conoció también la oposición de la Contraloría General de Cuentas de la Nación a la construcción de un complejo de edificios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social con el pomposo nombre de Ciudad de la Salud, cuyo costo ascendería a tres mil 500 millones de quetzales, cifra que resulta difícil de concebir y que ofende, porque evidencia una voracidad de compras en el aparato público, con las que se irrespetan los procedimientos legalmente establecidos para efectuarlas.

Estos hechos, junto a la violencia, tienen además el denominador común de convertirse, a su vez, en una seria amenaza para los periodistas que abordan esta temática, pues se vuelven vulnerables a la irracional conducta de funcionarios poco preparados para asumir funciones públicas y ejercerlas con un mínimo de decencia. De hecho, ya es una idea fija entre la población que muchos de estos burócratas simplemente llegan a estos cargos para enriquecerse de manera inmoral, ante la vista impasible de quienes tienen la obligación de velar por los recursos públicos.

Aunque la problemática nacional es mucho mayor, estos dos flagelos se han convertido en una lacra para el país, y si bien se producen algunas condenas o capturas de delincuentes, la realidad es mucho más avasalladora y amenaza el funcionamiento pleno de las demás instituciones. No por gusto en su más reciente visita el vicepresidente de Estados Unidos nos recordó que la violencia es atroz en países como el nuestro y que esto se ve agravado con los altos índices de impunidad prevalecientes, que a la vez acrecientan la percepción de que aquí es fácil segar una vida.