Para los agoreros de las lecturas catastróficas, la actual crisis por la que atraviesa el país se ha convertido en una cadena de pruebas de las acciones que se deben tomar para buscarles solución a las distintas expresiones de descontento y a las presiones que surgen desde distintos grupos. Hasta ahora la institucionalidad se ha visto fortalecida, ya que cada instancia parece haber dado los pasos adecuados para encontrar respuesta, principalmente al descontento de un grueso sector de la población.

Aunque al Gobierno pareció llegar tarde el mensaje de los disconformes, finalmente acciones de otras instituciones reencauzaron buena parte de esos reclamos, como ocurrió con la Corte Suprema de Justicia, que con haberle dado trámite por unanimidad a una solicitud de antejuicio en contra de la vicepresidenta Roxana Baldetti aplacó a muchos de los ciudadanos, aunque seguramente llegar a ese acuerdo tampoco habría sido fácil. Lo cierto es que avanzó y ahora corresponde a otra instancia iniciar las pesquisas.

La misma vicepresidenta hizo uso de sus derechos, al interponer un recurso para tratar de frenar el antejuicio mediante una acción en la Corte de Constitucionalidad, que aceptó esa queja para su trámite, aunque no detiene el proceso, lo cual es saludable, pues lo que diversos sectores exigen es que se puedan esclarecer a fondo los niveles de involucramiento de los gobernantes en las operaciones de saqueo de una mafia que operó durante años en la Superintendencia de Administración Tributaria.

De todo esto se obtiene una lectura positiva y es que se ha puesto a andar una maquinaria de justicia que hasta ahora parece haber dado pasos certeros sobre un territorio que necesita muchas acciones en ese sentido, pues el estado de Derecho en el país es uno de los más desacreditados, y eso ha tenido repercusiones en otros ámbitos de la vida nacional. Pero quizá mucho más relevante es que sobre las Cortes parece también haberse neutralizado todo tipo de presión oficial, y eso augura fallos independientes, que es lo más saludable para todos y que contribuyen a generar confianza.

Lo cierto es que Guatemala ha tenido una historia cargada de impunidad, ya que muchos de los fallos judiciales no quedan exentos de la polémica y más cuando los sujetos de investigación están ligados a altas esferas de poder, como ocurre con el escándalo de defraudación tributaria. Un problema que ya lleva muchos años y que ha sido la causa de que la incertidumbre pese sobre todo el sistema de justicia y quizá por ello es que también son tan desalentadoras las cifras de impunidad, que están entre las más altas del mundo.

El mismo presidente Otto Pérez Molina emitió ayer un comunicado en el que expresa su respeto por el debido proceso y apela a la madurez de la población para afrontar la crisis. Algo que tiene su contraparte en la contundente demanda del sector privado que pide la renuncia de la vicemandataria, en la búsqueda de soluciones. Todo ello plantea un agitado panorama nacional que a cada paso que se da desarticula las voces de aquellos que se muestran incrédulos por el funcionamiento de las instituciones.