Si algo no necesita Guatemala son nuevas divisiones. Ya hay demasiadas. Por eso, cualquier frase o actitud cuyo efecto sea partir en más pedazos al país debe ser rechazada. El apoyo público a una acción equivocada, cuando lo hace la dirigencia de una entidad, causa divisiones entre los integrantes. Esto viene al caso pues el presidente Jimmy Morales afirmó estar en contra de la Cicig porque esta se extralimitó en sus funciones al luchar contra la corrupción, en vez de dedicarse solamente a perseguir a los aparatos clandestinos de seguridad. Esto solo se puede interpretar como un apoyo a quienes están acusados, como lo comprobó la solicitud de borrar los casos al día siguiente por los abogados defensores, ante la ausencia de los representantes de la Cicig.

Por ello es evidentemente increíble la promesa de asegurar la continuidad de los casos a este respecto porque es una burla. Todo esto se completó con la decisión de una sumisa Corte Suprema de Justicia para colocar en el cadalso político del Congreso a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, por haberse atrevido —según el mandatario— a dejar sin efecto jurídico el capricho de terminar antes de tiempo el período de la Cicig y con ello contravenir lo pactado hace años. Esto sume al país en un período de mayor incertidumbre, porque lo actuado parece más bien una acción propia de Nicolás Maduro o de Daniel Ortega, y deja en lo inverosímil el apoyo guatemalteco a la acción de la Organización de Estados Americanos contra la dictadura en Nicaragua.

A causa de la vertiginosidad de las acciones gubernativas, es arriesgadísimo dar apoyos institucionales. El sector privado organizado se apresuró a apoyar, y al hacerlo causó una división interna entre sus miembros, no unidos en acuerpar acciones ilegales cuyo efecto pone al país en riesgo, a causa de las seguras reacciones de grupos foráneos con influencia y poder, como el Congreso estadounidense. Evidentemente, esa unidad no existe porque las instituciones aglutinadoras del sector privado unen a facciones con intereses muchas veces contradictorios, además de diferencias personales entre sus integrantes, por cualquier motivo. Por aparte, el sector privado ha sido siempre una de las víctimas de la corrupción, no solamente un propiciador.

Pero la nueva división tiene otras áreas. En lo religioso, tan importante para el mandatario por su muy consciente cercanía a los criterios teocráticos, hay quienes lo apoyan políticamente pero por motivos religiosos rechazan la decisión hoy comentada. Igual ocurre con los ciudadanos para quienes la religión y la política, pero especialmente la politiquería, son harinas de costales muy distintos. Por otra parte, en el campo internacional, la explicación presidencial es injustificable y defenderla debe causar rubor a los diplomáticos, incluso a quienes le sugirieron actuar así, junto con los demás miembros del grupo colocado detrás del telón. Y así, la lista de consecuencias impredecibles va a incrementarse.

El análisis jurídico de las palabras de Morales parece ser inútil porque no se ve intención de acatar las leyes, aunque eso signifique una virtual dictadura, solo imposible de ver para quienes no desean hacerlo. En ese caso, los valladares legales de cualquier tipo tienen poca fuerza. Es sencillo: si la ley no le permite cumplir un capricho o una barbaridad, la derrumba gracias a la actuación de gente venal en instituciones convertidas en carpas de circo, porque de esa forma cumple con la ilusión de “hacer lo correcto, lo legal”. Todo se empeora por ser año electoral, porque la proliferación de pseudo-mini “partidos” oculta la verdadera motivación de beneficiar a grupos donde se esconden nuevos viejos personajes oscuros para seguir la destrucción del país.