Estas situaciones sospechosas se han multiplicado entre alcaldes que parecen haber perdido el norte de su misión y, amparados en una malentendida autonomía, dan rienda suelta a sus desbocadas decisiones, las cuales, al ser cuestionadas, desatan exabruptos inexplicables e incomprensibles como el que acaba de protagonizar el alcalde del municipio de Guatemala, Álvaro Arzú, quien tuvo la ocurrencia de enviar un convoy de saneamiento para emprender tareas de limpieza en la ciudad de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, con recursos de la comuna capitalina.

En realidad, esa acción hasta podría calificarse de bienintencionada, dado el significado de esa trascendental joya arquitectónica nacional, pero como en toda maniobra política, hay un fuerte aroma a demagogia y una evidente irresponsabilidad en el manejo de los recursos públicos capitalinos, porque el compromiso de un jefe edil, electo por los vecinos de su municipio, es evidentemente velar por el bienestar de su localidad.

Si bien es cierto que posteriormente el funcionario edil trató de corregir la versión que le había dado a un noticiero antigüeño, falta por determinar si de verdad los recursos utilizados en esa actividad no les costaron nada a los contribuyentes capitalinos o si fue otra artimaña para minimizar el efecto del afán ornamentalista en la ciudad colonial, el cual, según las versiones oficiales, se habría hecho en cumplimiento de convenios entre comunas, pero que en el fondo no amortiguan el impacto de saber que los funcionarios se vuelven tan gamonales con recursos ajenos.

La gran paradoja detrás del barrido y lavado de Antigua Guatemala, con empleados municipales capitalinos, es que en la capital existen áreas en las que tales campañas de limpieza serían muy bienvenidas, en beneficio de los vecinos y de algunos sectores que sufren el impacto directo del descuido, como ocurre en los alrededores del edificio del Archivo General de Centro América y de la Biblioteca Nacional, por citar apenas un caso, donde han proliferado orinaderos callejeros en monumentos nacionales y en cuya protección de verdad se debería invertir un poco.

Baste mencionar que existen muchos otros lugares citadinos convertidos en mingitorios públicos, sin que ninguna autoridad intervenga, ya sea para detener, multar a cualquier inescrupuloso o buscar una solución definitiva para evitar esos abusos en la vía pública. El segundo ejemplo es la parte trasera de la Catedral Metropolitana, donde se construye una obra peatonal circulada a diario por policías municipales que no evitan este abuso contra el que también es un patrimonio y se encuentra en el perímetro capitalino.