Un grave y peligroso atentado en contra de la Prensa y la libre emisión del pensamiento fue hecho público el lunes recién pasado. El diario oficial publicó el acuerdo ministerial de Gobernación, firmado por el ministro Mauricio López Bonilla, quien decidió darle vida a la “Fundación Contra el Terrorismo Mediático”, que aparece vinculada con José Ovidio Orellana de León Roque, como presidente, y Gloria Elizabeth Conde López, vicepresidenta.

La razón es simple y debería tenerla clara el funcionario, quien hace pocos años, al igual que el actual presidente Otto Pérez Molina, fueron columnistas de Prensa Libre, de donde se retiraron para dedicarse de lleno a las actividades políticas previas a la fundación del Partido Patriota y luego a las campañas políticas que en su segunda intentona los llevaron a la victoria electoral.

Una entidad de semejante nombre solo puede tener como meta impedir, censurar o provocar la autocensura del ejercicio de la crítica a los funcionarios públicos. Ello desobedece la Constitución Política de la República y por eso la Corte de Constitucionalidad, que debe ser consultada de inmediato, tendrá razón para declarar la inconstitucionalidad de semejante despropósito, cuyos integrantes e inspiradores permanecen tras bambalinas.

Es importante señalar también que el mismo nombre de semejante grupo ciudadano implica desconocimiento del idioma. El Diccionario de la Lengua Española define terrorismo como: “Dominación por el terror. Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. Actuación criminal de bandas organizadas que, reiteradamente y por lo común, de modo indiscriminado, pretenden crear alarma social con fines políticos”. Terror: “Miedo muy intenso”.

La expresión libre del pensamiento reglamentada por la ley respectiva —de rango constitucional— no puede infundir terror, ni es una acción criminal de bandas organizadas. Pero sí puede provocar miedo cerval —grande o excesivo— a quienes temen que debido a esa expresión libre sea posible el conocimiento ciudadano de acciones dolosas, inmorales, ilegales o una mezcla de este trío de conceptos, cometidos por funcionarios públicos.

El gobierno guatemalteco actual no quiere entender los efectos negativos de las presiones de todo tipo contra la libre expresión del pensamiento, razón por la cual el alevoso asesinato de los tres periodistas de Mazatenango, hace dos semanas, provocó la reacción generalizada de los comunicadores, tanto guatemaltecos como de entidades extranjeras. Por esa misma causa las acciones legales en juzgados ajenos a los de Imprenta demuestran un régimen intolerante, proclive a actos totalitarios.

Si no fuera porque el Gobierno lo tomó en serio, el término “terrorismo mediático” debería provocar risa. Causa preocupación, es inaceptable y lamentable que el Ministro haya dado vida a este engendro jurídico, y que la Procuraduría General de la Nación se haya dado el lujo de demostrar incapacidad al afirmar que se ha cumplido con los requisitos de ley, a menos que haya recibido órdenes de dictaminar en esa forma.