SIN DUDA, EN GUATEMALA es interminable la cantidad de sorpresas desagradables provocadas por la manera cómo actúan los organismos del Estado, por lo cual se va afianzando la desconfianza ciudadana. Uno de los más recientes ejemplos descubiertos es la muy seria posibilidad de la pérdida de una donación de US$50 millones otorgada por Taiwán, para la continuación de la carretera entre Sanarate y El Rancho. Se trata de un tramo muy importante porque es la parte más difícil de la ruta al Atlántico, una verdadera yugular económica del país. Los gobiernos guatemalteco y taiwanés suscribieron un acuerdo bilateral desde el 12 de junio de 2014, hace un año y nueve días, pero al Congreso no le ha dado la gana ratificarlo.

EL REPORTAJE publicado por Prensa Libre el sábado pasado demuestra lo ocurrido, en un buen resumen. Taiwán otorgará US$50 millones de préstamo blando y a largo plazo, pero donará una cantidad igual. Guatemala debe costear por su parte US$31.7 millones. Pocos días después de la fecha del acuerdo, el embajador Adolf Sun comenzó las visitas a los jefes de bancada y al presidente del Congreso, sin éxito. Le fue informado de la dificultad de aprobar lo acordado por los gobiernos, “porque el 2015 es un año electoral”. A causa del descuido —realmente imperdonable— de alguien, se incluyó en el presupuesto nacional el préstamo, pero no la donación. Si hubiera voluntad política y menos miopía, eso ya habría sido resuelto.

EN EL ASUNTO TAMBIÉN tienen relación los ministerios de Relaciones Exteriores, Comunicaciones y Finanzas. No es aceptable, de ninguna manera, el poco interés manifestado durante ese largo año por dichas carteras, así como el de el Ejecutivo. La Cancillería, a consecuencia de la publicación sabatina de Prensa Libre, declaró al proyecto “de primera prioridad”, pero nadie explica por qué el gobierno y el Congreso no tienen la capacidad, o no desean hacerlo. Y esto trae al tema de las condiciones de la construcción. Taiwán habrá la licitación y se encargará de contratar a las empresas encargadas, locales o foráneas, y el gobierno guatemalteco no tendrá participación en el manejo de los fondos. Allí parece estar el manifiesto desinterés.

EL PRÉSTAMO Y LA DOnación están en riesgo porque Taiwán, por ley, debe recuperar el dinero si dos años después de un pacto de este tipo no comienzan los trabajos. Eso deja un año para la decisión, pero en la práctica se afianza la posibilidad de perder la donación, a causa de ser imposible saber cómo quedará integrado el próximo Congreso. Lo mismo ocurre en referencia a los ministerios involucrados. Los trabajos, si la ratificación se hace este mes, podrían estar listos para comenzar en septiembre y estar terminados 36 meses después, o sea en octubre de 2018. De haber realizado el gobierno guatemalteco su tarea, se habrían adelantado un año beneficios de acortar por lo menos una hora el tiempo de la capital a El Rancho.

EL CONGRESO TIENE ahora la oportunidad de congraciarse, siquiera en algo. La carretera será ampliada a cinco carriles y ello impedirá al transporte pesado ser el valladar del paso al tráfico liviano. Para el kilómetro 84 en adelante, el gobierno parece tener un plan, lo cual no sé si es buena noticia o no, dadas las circunstancias de cómo son las contrataciones del Estado. Todo lo relativo a la carretera al Atlántico debe ser prioritario, incluyendo la salida de la capital y con ello el puente Belice, cuya edad, enorme aumento del tráfico y mantenimiento de poca calidad, posibilitan un aislamiento capitalino de catastróficas consecuencias. Pero ese, por el momento, es otro tema. Ahora solo queda exigir la reiteración del convenio Guatemala-Taiwán.

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