Las últimas acciones tomadas por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), al ser analizadas desde una perspectiva general, no específica de cada uno de sus casos, pueden ser calificadas como positivas porque debilitan una de las causas más fuertes del aumento paroxístico de la corrupción en Guatemala: la certeza de la impunidad.

Esta convicción consciente de quienes de alguna manera llegan al ejercicio del poder, así como de sus allegados y los representantes de diversos grupos políticos, económicos o sociales, constituye el nefasto premio a todas las acciones inmorales e ilegales que han ido en progresión desde el inicio de la etapa de democracia electoral, comenzada como consecuencia del nacimiento a la vida jurídica de la Constitución Política de la República.

La impunidad no solamente alcanza el campo jurídico-político. Se manifiesta también en la falta de rechazo de la sociedad a quienes de la noche a la mañana cambian de manera manifiesta y arrogante de estatus económico. Los corruptos de ayer se convierten en personajes respetables a quienes se les abren puertas con toda facilidad. La falta de memoria histórica en Guatemala transita también por ese olvido de cómo eran y en qué se convirtieron personajes políticos y también ciudadanos cuyo nuevo estilo de vida solamente puede ser explicado como efecto de acciones oscuras.

Desde esa óptica debe ser visto el panorama del país cuando se comienza a combatir este flagelo. La intervención de la empresa Aceros de Guatemala y la orden de arraigo contra algunos de sus dirigentes pueden ser consideradas como el inicio de una serie de medidas en contra de la evasión fiscal, siempre y cuando esas sindicaciones estén debidamente fundamentadas.

Con independencia del resultado de las investigaciones, hay un parteaguas en la aplicación de los mecanismos estatales para investigar a fin de evitar y castigar las maniobras delictuosas de evasión. Se debe, eso sí, dejar claro ante la opinión pública la diferencia de significado entre este término y el de elusión, consistente en aprovechar los mecanismos de las leyes para que disminuya la cantidad de los impuestos, un hecho explicable e incluso útil para el mejoramiento de la economía.

Cuando se analizan casos como La Línea, por ejemplo, es evidente que sus principales actores, encabezados por Otto Pérez Molina y Roxana Balddetti, ni siquiera pensaron en la eventualidad de que a causa de sus acciones ilegales y sobre todo del desparpajo, descaro y atrevimiento de sus explicaciones a la corrupción, pudieran llegar a la cárcel donde se encuentran desde hace varios meses junto con un creciente número de cómplices.

Este inicio del resquebrajamiento a la certeza de la impunidad tiene su mejor beneficio en que será la base para que en el futuro los corruptos en potencia piensen más antes de inmiscuirse en la corrupción, que si bien es imposible eliminarla al cien por ciento, sí puede ser una meta plausible reducirla drásticamente. Este criterio no representa conformismo, sino realismo.