Primero que nada quiero manifestar mi más profundo dolor y cólera por la tragedia ocurrida en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, que hasta el momento ha dejado a 33 niñas muertas y 30 heridas. El Estado incumplió con su deber de proteger los derechos de estos menores en situación vulnerable. Es claro que existe una total negligencia de las autoridades, que ya estaban advertidas de lo que ocurría en ese centro, donde se habían reportado malos tratos y abusos sexuales.

¿Por qué tenía que pasar una tragedia como esta para que las autoridades y la sociedad se den cuenta del riesgo en el que se encuentran nuestros niños en los centros de cuidado estatal? Aquí, para empezar, habrá que establecer quiénes son los responsables, por líneas jerárquicas, hasta llegar al presidente de la República.

¿Manifestar o abusar de sus derechos?

Esta semana se movilizaron desde varios puntos de la ciudad cientos de personas en tres manifestaciones diferentes, una de los maestros, otra por el Día de la Mujer y la más grande fue la organizada por el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca). Su propósito era enviar un mensaje a fin de exigir la renuncia de Jimmy Morales, y aunque este sentir lo comparten muchos guatemaltecos, lo malo es que esta forma de protesta ocasiona que miles de guatemaltecos se queden atrapados en el caos vial que ocasionaron.

El artículo 33 de la Constitución Política de la República garantiza el derecho de reunión y manifestación, pero también hace referencia a que la ley debe regularlos, con el único objeto de garantizar el “orden público”.

Entonces, ¿dónde queda el derecho de la libre locomoción del resto de las personas, establecido en el artículo 26? Considerando que ambas leyes son constitucionales y tienen la misma jerarquía, debe verse la manera de compaginarlas para que nadie salga perjudicado.

Gobernación debe regular estas situaciones, para que cuando se manifieste no se obstaculicen las vías públicas y las personas puedan ir a sus lugares de destino sin ningún problema.

Es lógico que por el caótico país donde vivimos, diferentes grupos sociales deseen expresarse, ejerciendo su derecho de manifestar, pero paralizar el país para que estas personas realicen su caminata es un abuso para el resto de la ciudadanía, porque provoca malestar y daño —sobre todo— al guatemalteco de a pie, que tiene que hacer lo indecible para llegar a su trabajo puntual.

Es injusto que los manifestantes actúen unilateralmente sin pensar en el bienestar de la clase trabajadora, aun cuando sus demandas fuesen justas y necesarias.

¿Por qué si el objetivo es hacer una petición formal no van a la Plaza Central o frente al Congreso y se plantan allí con su pliego de solicitudes y pancartas? Pero pareciera que hacerlo de manera desordenada y abusiva es parte del plan, transgrediendo los derechos de los demás e interrumpiendo al sector productivo y ocasionando pérdidas millonarias para el país.

Muchas de estas manifestaciones son una pantalla de humo o acarreos clientelistas. También se desconoce quién está detrás o con qué oscuros propósitos patrocinan este caos. Tristemente, esta pobre gente que se presta a manifestar lo hace por un almuerzo o por Q25 diarios, y no sabe ni siquiera qué es lo que están pidiendo los dirigentes.

Urge que se regule legalmente la manera de manifestar; es decir: dónde, cuándo y cómo. Establecer normas que definan los parámetros de acción y que necesariamente deben respetarse los derechos de los demás ciudadanos. De esta manera los grupos que manifiestan conseguirían más simpatizantes y aprobación para su causa, en lugar de rechazo, aunque sus motivos sean justos.

imagen_es_percepcion@yahoo.com