En una sociedad como la guatemalteca, donde hay poco aprecio y reconocimiento a las personas, la situación de las y los privados de libertad es aún peor; son despreciados, repudiados y muchos hasta creen que carecen de derechos humanos.

Abordar desde otra perspectiva la situación de quienes se encuentran detenidos puede provocar reacciones adversas, sobre todo porque hemos construido una cultura carente de solidaridad y hasta indiferente al dolor ajeno.

Esta consideración no excluye el sentimiento de respaldo a quienes han sido víctimas de los delitos cometidos por esos seres humanos que han dejado una cauda de sufrimiento por pérdidas irreversibles. Es inimaginable lo que experimentan los parientes cuando se priva de la vida, se viola o se causa daños a sus seres queridos.

Las madres que son separadas de sus hijos debido a sus conductas delictivas llevan tras las rejas el drama familiar, el sufrimiento y la desesperación por lo que han provocado a sus hijas(os), quienes, además de carecer de la compañía, la protección y el amor de sus madres, son, en la mayoría de los casos, estigmatizados, excluidos y discriminados. La culpa se extiende hacia ellos.

Pero también hay menores que están jugando tras las rejas, 7 mil 256 en varios centros; otros, aunque están en edad de estar con ellas, pero como el Sistema Penitenciario no tiene capacidad, se encuentran a cargo de familiares y en algunos casos, “institucionalizados”, es decir en lugares donde el Estado los coloca para darles protección.

Gran cantidad de los menores cuyas madres cumplen condena no las visitan, en algunos casos son adolescentes en conflicto con la ley y muchos de los familiares también están detenidos.

Las conductas reñidas con la ley impactan en todo el núcleo familiar y nunca se reconoce que en parte son producto de una sociedad indiferente e inhumana a la que no le importa cómo viven sus semejantes; mientras estemos bien, no nos interesamos por los miles de personas que carecen de lo elemental para vivir dignamente.

La falta de identidad, de escolaridad y estigma son algunos de los problemas de los hijos de las reclusas, según ha revelado un estudio de Casa Artesana.

Dicha entidad demandó una acción del Estado, casos como el de una menor de 10 años que siguió a su madre a los distintos lugares a donde fue trasladada y a los 15 años fue asesinada, un niño violado en una cárcel; la dramática foto de madres sacando los brazos de los barrotes para acariciar a sus hijos.

Autoridades del Sistema Penitenciario y el Colectivo Artesana anunciaron la conformación de la Unidad de Protección a la Niñez y Adolescencia, que tendrá a su cargo la atención y resguardo de los menores de edad familiares de las personas privadas de libertad, iniciativa única en el mundo que también buscará prevenir que ingresen a la delincuencia.

Este es un buen inicio para sanar heridas de los inocentes.

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