PARA QUE EL SISTEMA DEMOCRÁTICO REPUBLICANO sea eficaz y justo es indispensable que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, desarrollen su trabajo constitucional en forma separada y con total independencia.

La mejor teoría constitucional asigna a uno, la función administrativa; a otro la de emitir leyes, reformarlas o derogarlas, y al tercero, la de castigar a los autores de hechos criminales, resolver conflictos de Derecho entre particulares, de estos contra el Estado, y del Estado contra particulares.

Nuestra Constitución Política, sin embargo, da a los diputados la facultad de fiscalizar los actos administrativos, el comportamiento de los funcionarios y empleados públicos, y el nombramiento o la destitución de los magistrados encargados de administrar justicia.

La historia de nuestra Nación está llena de actos de corrupción que van desde la omisión de denuncia, pasando por el tráfico de influencias y la sustracción de fondos públicos hasta el narcotráfico, las ejecuciones extrajudiciales, el exterminio de grupos nacionales, y otros crímenes de lesa humanidad. Y ¿cuál es el origen de esa situación que corroe el prestigio de la función pública en Guatemala? Pues, por una parte, la idea de que la impunidad es una aventura cínica de la cual todo el tiempo han disfrutado algunos funcionarios, diputados y jueces. Y, por la otra, la irresponsabilidad global de muchos funcionarios.

Pero, lo alentador es que en estos tiempos trágicos, cuando la corrupción invade muchos otrora intocables centros de poder y parece imbatible, surgen en las esferas del mismísimo poder público, Thelma Aldana, fiscal general de la República; Iván Velásquez, un abogado colombiano enviado por las Naciones Unidas a petición del Gobierno de Guatemala, para combatir el crimen; la magistrada Claudia Escobar que tuvo el coraje de denunciar el lado flaco de las elecciones de magistrados y la injerencia de diputados en las resoluciones de los tribunales; la jueza Iris Yassmín Barrios, premiada por el Consejo General de la Abogacía Española, en reconocimiento a su trabajo judicial, y el diputado Mario Taracena, afanado en poner las cosas en su lugar en el Congreso de la República. Ellos, y otros más, integran sin proponérselo un frente contra la corrupción, que responde a las demandas más sentidas de la población desde hace mucho tiempo.

Ellos se han puesto, con la ley como su mejor herramienta, a escarbar en profundidad en los centros de poder y han encontrado que en el fondo todos tienen grandes depósitos de carroña moral, de afición a delinquir, y una coraza de impunidad que por mucho tiempo los ha mantenido fuera del alcance del brazo de la justicia. Entonces, bajo el alero de nuestra legislación y de los convenios internacionales, impulsan una batalla frontal contra organizaciones delincuenciales que operan desde numerosas dependencias públicas.

Al respecto es útil repetir que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, y contra el desarrollo integral de los pueblos; que el combate contra la corrupción fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social, según expresa la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Mas, la batalla contra ese mal nunca será ganada si un organismo del Estado acapara la voluntad de los funcionarios de los otros dos, porque entonces desaparece la saludable separación de poderes; y es así debido a que el dominio político de un organismo estatal sobre otro no es solamente indeseable sino porque constituye uno de los mejores instrumentos de la corrupción en sus diversas manifestaciones.

Cambiar a Thelma Aldana, Mario Taracena e Iván Velásquez es una aventura riesgosa, porque se desconoce si los sustitutos serán como ellos, mejores que ellos o si llegarán con cubetas de agua fría para apagar el fuego de la lucha contra la corrupción.