El manejo del deporte ha sido cuestionado desde hace tiempo porque cada vez se hace más evidente el aprovechamiento de sus directivos de los beneficios derivados de los más altos cargos, en un reparto de posiciones que se han disputado entre unos cuantos durante años.

Una de las primeras situaciones vergonzosas existentes en el deporte consiste en que, pese a ser un conjunto de agrupaciones cuyos recursos destinados por el Estado equivalen a lo que recibe el Organismo Judicial, resulta ser uno de los mundos más oscuros para la rendición de cuentas, pues prácticamente ninguna federación utiliza el sistema Guatecompras para la adquisición de servicios.

En otras palabras, los dirigentes deportivos disponen de millonarios recursos para realizar todo tipo de adquisiciones sin licitación pública, así como contratar a quien ellos determinen a dedo y sin que pueda comprobarse la debida ejecución de proyectos o recursos. Esto, en consecuencia, significa grandes riesgos de manipuleo discrecional, a cambio de lo cual los buenos resultados del deporte guatemalteco a escala internacional son exiguos y no necesariamente se obtienen en las federaciones que más gastan y que tienen a su disposición más dinero.

Este no es el único problema en torno a la dirigencia del deporte nacional, pues también los procesos electorales para designar a las autoridades en las distintas federaciones están rodeados demasiadas veces de sombras. Eso, lógicamente, sirve de acicate al elevado monto de recursos que manejan a su total antojo y sin rendición de cuentas.

En el futbol, por citar un ejemplo, existen aportes millonarios de patrocinadores que simplemente no pueden ser fiscalizados, pero el colmo lo han constituido los bochornosos escándalos de corrupción por presuntos sobornos y lavado de dinero que ha llevado a varios dirigentes de la Federación Nacional de Futbol (Fedefut) a enfrentar a la justicia estadounidense, que ha tenido más celeridad y atención a estos casos. Para pena y vergüenza de todos, en Guatemala las autoridades ni se dan por enteradas.

Estas irregularidades hacen obligatorio reflexionar sobre el futuro de la dirigencia deportiva. Cae en el ridículo seguir entregando millones de quetzales, por precepto constitucional, sin que medie para ello una correcta y rigurosa cuentadancia, no para restarles recursos para otros rubros, pero sí para optimizar su uso y extender la práctica deportiva a regiones donde no existe apoyo, aunque sí mucho potencial por descubrir.

En la actual coyuntura nacional anticorrupción, tampoco se puede seguir tolerando la abierta compra de voluntades para llegar a ocupar cargos directivos mediante procesos viciados, pues de continuar así, poco avance se podrá esperar en el deporte guatemalteco en general. Un grave síntoma de este cáncer en el deporte guatemalteco es que a pesar de las frecuentes irregularidades y de las denuncias, pronto acalladas con el ostracismo, el ninguneo y la asfixia económica, no existe un solo proceso contra la alta dirigencia, que se resiste a transparentar los procesos y a tener un comportamiento digno de los ideales del deporte y el olimpismo.