LA MANIFESTACIÓN DEL 26 de abril tiene una gran trascendencia histórica porque los guatemaltecos demostraron su indignación por la estructura de corrupción que existe en el gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. El propio régimen montó un sofisticado aparato de espionaje en la Plaza de la Constitución para tratar de identificar a los líderes que no aparecían por ningún lado porque no entendían que esta era una movilización espontánea que no necesitó de gente acarreada. Fue un duro golpe porque quienes hicieron el plantón representan el segmento poblacional que votó por el Partido Patriota y ahora le demuestra su total rechazo.

LA RESPUESTA DEL RÉGIMEN ha sido sosa. En el rostro de Pérez Molina no hay la más mínima intención de asumir responsabilidad por el saqueo de los recursos, pese a que dice estar “indignado”. Dudo que alguien le crea, porque la mayoría de la población entiende que el presidente y la vicepresidenta forman parte de esa red de corrupción. Pérez Molina no dice absolutamente nada de la exigencia ciudadana de que él y Baldetti renuncien y se sometan a la justicia. Ambos no están exentos de la responsabilidad de los negocios de Juan Carlos Monzón, quien no solo incursionó en la SAT, sino en cuanto ministerio pudo. Cada vez es mayor la certeza de que Monzón en realidad era una pieza de una estructura que ha medrado de los fondos estatales y que recibía órdenes del binomio presidencial, por lo que su fuga muy probablemente fue planeada desde el Ejecutivo.

POR ESO RESULTA CONTRADICTORIO que el Cacif y el Foro Guatemala le pidan a Pérez Molina que dé a conocer las declaraciones de probidad suyas, de Baldetti y todos sus funcionarios. Bien se sabe que muchos de los bienes adquiridos con el saqueo de los recursos del Estado han sido puestos a nombre de testaferros, algo que jamás aparecerá en esos informes. De todos modos, Pérez Molina se negó al decir que la ley no lo obliga. Y eso que el empresariado y el foro le hacen el favor de lanzarle un salvavidas a este régimen que se hunde porque tratan de evitar que se rompa la frágil institucionalidad.

¿SE LE PODRÁ DEMANDAR A Pérez Molina que respete la independencia del sistema de justicia? Basta ver cómo empezó a funcionar la estructura que el PP y Líder impusieron en el Organismo Judicial a favor de la impunidad. De qué otra manera se puede interpretar que la jueza Martha Sierra de Stalling dejara en libertad condicional a Estuardo González, alias Eco, y Francisco Javier Ortiz, alias Teniente Jerez, supuestos cabecillas de la red la Línea, con una fianza irrisoria de Q200 mil, que no corresponde a la magnitud del saqueo. En comparación, en el 2004 al exministro Eduardo Weymann le impusieron una fianza de Q38 millones por haber autorizado gastos por la misma cantidad en la SAT. La impunidad está muy clara y por eso es importante mantener la exigencia ciudadana de la renuncia inmediata de los responsables de que la mafia siga vivita y coleando: Pérez Molina y Baldetti.

@hshetemul