En estos tiempos, en Guatemala pasamos de un período crítico a otro peor, porque parecería que cada vez más se va perdiendo la gobernabilidad y el orden institucional del país.

Los últimos hechos de violencia nos hacen reflexionar con profundidad, pues tanto la granada lanzada en la entrada del Hospital San Juan de Dios, que provocó dos muertes y 19 heridos, como el ataque intencional a tres periodistas, dejando a dos muertos y uno herido, dejan patente el hecho de que las autoridades no tienen la capacidad de garantizar el orden y la seguridad pública, pero además dejan claro también que hay quienes, con toda intencionalidad y gozando de impunidad, quieren provocar un ambiente de zozobra, inseguridad y profundo temor en la población.

La agresión de la granada coincide perfectamente con la definición de un acto terrorista, pues “terrorismo” consiste en la realización de actos violentos que afectan principalmente a la población civil inocente, que se realizan en forma dramática y escandalosa, con el propósito de generar en toda la población un ambiente profundo de temor que llegue a la paralización y a limitar la libertad de expresión y, por ende, el libre debate y participación democrática. Los actos de terrorismo tienden a ser pocos en relación con el tamaño de la población, pero su efecto intimidatorio es muy grande, pues abarca a grandes sectores que se sienten vulnerables y sin defensa ante estos actos de agresión.

Por su parte, el ataque dirigido contra tres periodistas, uno de Radio Nuevo Mundo, otro de Prensa Libre, y quien queda herido del Canal Óptimo 23, de Honduras, demuestra que también la labor periodística está siendo limitada por los actos directos de agresión e intimidación y por el efecto de temor y autocensura que estos provocan, mientras ninguno de estos casos sea resuelto por la justicia. La impunidad es en el mundo entero la causa más importante de la violencia contra periodistas, y es obligación de todo Estado investigar cada acto de violencia contra este gremio, sin prejuzgar si se derivan de su actividad profesional o no, pues eso se descubrirá al concluir la investigación.

Los y las periodistas, al igual que las y los defensores de derechos humanos, gozan de iguales derechos que cualquier ciudadano, pero el Estado tiene una obligación especial en proteger la función social que cumplen. Las y los periodistas ejercen su derecho a la libertad de expresión, pero también son facilitadores del derecho que tiene la sociedad de recibir información plural para desarrollar su pensamiento y opiniones propias facilitando su participación ciudadana.

Estos hechos que se dan con clara intencionalidad política suceden a mes y medio de que se abra el proceso electoral, cuando el mundo sabe que un proceso electoral verdaderamente democrático necesita de garantías de seguridad, de tranquilidad y del ejercicio de las libertades fundamentales; de lo contrario, ¿de qué elección libre podemos hablar y qué validez pueden tener los resultados electorales?

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