Empero, es oportuno revisar algunos indicadores claves del ejercicio fiscal 2013 para problematizar el fenómeno en cuestión. Por ejemplo, el monto de Inversión Extranjera Directa fue de US$1,3 millardos, el crecimiento económico fue de 3.5% —estancamiento que no reduce la pobreza—, la brecha comercial fue de US$ 7,7 millardos, el endeudamiento público cerró con US$13,9 millardos —24.7% del PIB—, el déficit fiscal cerró con un 2.2% del PIB y la tasa de desempleo fue de 3.2.

Ahora bien, la iniciativa 4644 —con más de 30 enmiendas—, que aduce que mantendrá los 300 mil empleos vigentes y estabilizará la economía, está enfocada a privilegiar nuevamente a los holdings tradicionales vía las subvenciones a la importación y exportación —universalizando las exenciones y desacatando las disposiciones de la OMC—, beneficiando deslealmente a sectores como la maquila, minería, entre otros.

Con la aprobación de la ley, el Estado dejaría de percibir unos Q1,5 millardos en impuestos, puesto que los grandes capitales tendrían exención de derechos arancelarios a la importación, del IVA, a la importación de maquinaria, del ISO, del impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolo, etcétera; en detrimento de la recaudación fiscal —no llegaremos a la meta fiscal otra vez—.

Hay varios elementos subliminales de la iniciativa 4644, sobre los cuales debemos reflexionar: a) los que tienen capacidad de pago no tributan; b) constreñimiento fiscal del Estado para la inversión social, un Estado servil para el gran capital organizado; c) desinterés por transformar el modelo de desarrollo económico y ausente estrategia integral de inversiones; d) la clase media asumirá los costos del capitalismo de cuates; y e) las Mipymes no son beneficiarias de la ley.

A manera de colofón, la promoción de una ley de inversiones y empleo debe acompañarse de una ley de competencia —antimonopolios—, endurecimiento de los controles de transparencia fiscal y calidad del gasto público, territorializar la inversión y tecnología, crear empleo rural, establecer mecanismos de diálogo y consenso con la ciudadanía en temáticas de relevancia nacional, replantear el debate sobre una reforma fiscal integral, y fortalecer la autonomía tributaria y competencias económicas de los municipios para que exista equidad tributaria, justicia social y se democratice la ley.

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