En el país no solo se han trastocado muchos valores, sino que los principales roles de demasiadas figuras de relevancia en los distintos poderes del Estado parecen estar más que extraviados. Solo así se explica que un pequeño grupo de personas pretenda avanzar, contra viento y marea, en la implementación de una solución cuasi milagrosa en la salvación de un lago, en contra del criterio de científicos y profesionales, así como la crítica de ciudadanos, que con sus impuestos terminan pagando tal estropicio.

Algo similar, pero en otro orden, puede afirmarse de la recientemente electa Corte Suprema de Justicia, que avanza bajo la sospecha constante de sus actos, muchos de los cuales abren caminos a la suspicacia, principalmente porque los actuales magistrados, marcados por la forma en que fueron electos, se ponen en evidencia al resolver de manera sospechosamente beneficiosa para los criterios de sus patrocinadores y no según el mayor beneficio de la nación.

Mucho de eso tiene lo que ocurrió entre el jueves y viernes recién pasados, cuando trascendió el rumor de que los magistrados de la CSJ habían dado trámite a una solicitud de antejuicio contra tres autoridades del Tribunal Supremo Electoral. Lo más curioso es que tal especie fue difundida inicialmente por uno de los medios ligados a un político y a una fundación anodina que, días antes, reportó la presentación de tal solicitud en contra de las más altas autoridades electorales del país, en una acción incomprensible.

Por cierto que dicho partido formó parte del contubernio que eligió a los actuales magistrados, que no parecen tener la más mínima intención de hacer algo por deshacerse de tal estigma.

El trámite para el antejuicio contra las autoridades del TSE había sido aprobado y los medios ligados a Manuel Baldizón tenían información certera, pero cuando todos percibieron el rechazo generalizado de esa nueva muestra de abuso de poder, dieron marcha atrás. A esto también se suma el prolongado silencio, de casi 24 horas, de las más altas autoridades judiciales, que fueron consultadas desde el jueves, pero que optaron por esconderse y guardar un silencio que en nada ayuda a transparentar sus procedimientos.

Por si fuera poco, el presidente de la Cámara de Amparos y Antejuicios declaró que no podía dar mayor información y que sería hasta el viernes cuando se diera a conocer la resolución, ya que sería cuando estarían notificadas las partes. Ante tal secuencia de hechos, resulta difícil creer en las declaraciones del presidente de la Corte Suprema, quien debería entender que son ellos los que han llenado de incertidumbre el escenario nacional.

Una cosa que es innegable es que hay que agradecerle a los políticos y a los burócratas serviles su enorme contribución al fortalecimiento de la crítica ciudadana hacia las actitudes prepotentes y de abuso de poder, que socavan la institucionalidad y que más daño le hacen a las instituciones y al proceso democrático. No obstante, las muestras de inmoralidad y desfachatez se dan en los tres poderes del Estado, con lo cual la batalla contra el asedio de los inescrupulosos aún no termina.