Instituciones políticas y económicas excluyentes, reflejadas en una seria crisis política, están afectando a la economía guatemalteca. Ha sido ampliamente divulgado el agudo retroceso del índice de confianza de la actividad económica que acaba de publicar el Banco de Guatemala. Las expectativas de inversión privada son negativas y la inversión pública no despega. Las exportaciones todavía crecen, con dificultad y casi por inercia, pero sólo las remesas aumentan de manera sostenida.

Coloquemos esto en perspectiva. Los principales políticos guatemaltecos han creado instituciones políticas profundamente excluyentes. El Congreso está bajo el control de diputados acusados de corrupción que buscan colocarse por encima de la ley. Ahora proponen reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, sin credibilidad. Y la solicitud de quitarle el antejuicio a Arzú sugiere que se utilizaron prácticas ilícitas para que se eternizara en el poder. Refuerza la percepción de la política “sucia”: disminuye aún más el atractivo que para la mayor parte de la población tiene la participación política. La exclusión política impera.

A ello se agregan instituciones económicas excluyentes. Lo reflejan las agudas disputas sobre la propiedad del agua y la gestión de los recursos naturales, grandes barreras que impiden que empresas nuevas ingresen a mercados internos o externos prometedores, la ausencia de una ley de competencia, contratos laborales inexistentes o que no se respetan, y un acceso limitado a la educación.

La existencia de instituciones políticas y económicas excluyentes no es nueva en Guatemala. Resulta significativo el análisis de dos momentos de nuestra historia recogidos en un libro sobre el poder y la economía, Por qué fracasan las naciones, ampliamente divulgado a nivel internacional. Sus autores, D. Acemoglu y J. Robinson, argumentan que los mayas —sin dejar de reconocer sus logros— establecieron instituciones políticas y económicas excluyentes que permitieron cierto crecimiento económico entre los años 300 y 700 después de Cristo. Pero la ausencia de innovaciones, de inclusión socioeconómica y de apertura política, impidió que se mantuviera el crecimiento económico al iniciarse el siglo octavo. Ello generó conflictos, en parte entre élites, y esa gran civilización colapsó. La exclusión impidió el desarrollo sostenido.

El segundo episodio que ilustra una experiencia similar es el establecimiento de la dictadura liberal en Guatemala a partir de 1871. Acemoglu y Robinson señalan que se combinaron una institucionalidad política cerrada, la expropiación de tierras comunales y la imposición de sistemas de empleo forzoso para producir café. No obstante auges transitorios, instituciones políticas y económicas excluyentes explicarían la ausencia de un proceso equitativo y sostenido de crecimiento económico. Y encarrilaron a la sociedad guatemalteca por una larga senda de dictaduras.

Actualmente el desgaste político y económico que estamos viviendo es el resultado de instituciones políticas y económicas excluyentes, como en el pasado. La crisis política está contaminando la economía. Pero podríamos estar iniciando una nueva etapa, de salida de la crisis. La lucha nacional contra la corrupción y por la justicia, fuertemente apoyada desde el exterior, podría ser parte de una coyuntura crítica que está alterando el balance del poder político y económico existente. Por ello es fundamental mantener viva la protesta ciudadana, buscar aliados que favorezcan el cambio y evitar que se cierren los espacios de participación política, como quisiera el Congreso. Sólo con instituciones políticas y económicas más abiertas podremos iniciar una nueva trayectoria de desarrollo político y socioeconómico, incluyente, plural y sostenible.

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