Con justificada razón, diversos sectores nacionales han hecho públicas sus preocupaciones por el riesgo implícito para la institucionalidad del país que significa la integración de una Corte de Constitucionalidad (CC) por personas que podrían responder a los intereses de los que tienen en sus manos designar a quienes formarán un tribunal de innegable importancia para el futuro inmediato y a largo plazo.

Se han incrementado las reacciones de suspicacia ante los grupos que están detrás de quienes aspiran a integrar ese alto tribunal, y son varios los motivos que refuerzan esas dudas acerca de la transparencia de cómo se han llevado a cabo estos procesos. El presidente Jimmy Morales decidió no transparentar la escogencia de quien debe nombrar en razón de ser cabeza del Ejecutivo.

Por su parte, la presidenta de la CC, Gloria Porras, además de ser candidata a reelección con el apoyo de la UNE y con un supuesto respaldo en la Universidad de San Carlos (Usac) y el Congreso, intervino a favor del aspirante Óscar Cruz, quien sorprendió al solicitar un amparo simultáneamente al entregar su papelería, con lo que podrá participar en la elección del Colegio de Abogados. El otro es Boanerge Mejía, apoyado por el actual decano de la Faculta de Derecho de la Usac, de gran influencia, y que por ello también despierta justificadas preocupaciones.

En el Congreso se da un caso especial, con la participación de la candidata independiente Ana Luisa Morales, propuesta por sectores académicos, lo cual puede considerarse positivo porque surge de grupos ajenos a los tradicionales y carece de compromisos. Este es un ejemplo de que pueden existir situaciones contrastantes entre los participantes.

Es conveniente profundizar acerca del amparo concedido por la CC a Cruz, porque no deja de abrir el debate sobre cuándo debe un aspirante llenar todos los requisitos: si al momento de una elección o cuando recibe el cargo. No debería existir duda acerca de que es en el primer caso señalado en el que debería apegarse un fallo. Las interpretaciones jurídicas no deberían desafiar la lógica, especialmente si vienen de instituciones como la CC, porque sientan peligrosos precedentes.

Los actuales miembros de la CC siempre deben tomar en cuenta las consecuencias de sus decisiones, dada la particularidad de ser un órgano jurídico que tiene como fin el análisis de hechos políticos, los cuales nunca pueden ser confundidos con la politiquería o el partidismo.

Estas consideraciones demuestran la urgente necesidad de pensar en el bien de Guatemala, para lo cual se debe meditar sobre todo en la corrección de las decisiones y, en este caso, de la escogencia responsable de quienes integrarán la CC. El interés de los grupos ciudadanos que se han manifestado de manera crítica ante ese proceso se justifica plenamente. La seguridad jurídica y la independencia del criterio de los juzgadores es esencial para el fortalecimiento de un estado de Derecho que no deje dudas sobre quienes tomarán las decisiones de ese alto organismo.