Según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos del  2014, la PEA la conformaban seis millones 168 mil 470 personas, de las cuales 180 mil 295 se encontraban desocupadas. La tasa de desempleo abierto fue de 2.9, la tasa de desempleo visible fue de 14.4, y donde sobresale un indicador alarmante: la tasa de informalidad es de 69.3. Este es el talón de Aquiles del mercado laboral guatemalteco,  pues existe una connivencia perversa entre el Estado y el mercado.

El Estado por no hacer efectivo el imperio de la ley (la trillada certeza jurídica que requieren los empresarios “panaceicos”  para invertir), por no contrarrestar la inseguridad ciudadana, porque no favorece el bienestar común y porque no tiene autonomía del capital organizado (lícito e ilícito).

El mercado por la consolidación del sistema finca (concentrar la riqueza, renta e ingreso a costa de la exclusión y racismo), por no invertir éticamente (impactos ambientales), y por no apostarle a la gente, a la construcción de capital humano y social calificado para producir más y ser más competitivos globalmente.  

Dicha informalidad se agrava más, cuando reconocemos que Guatemala continúa siendo una sociedad agropecuaria, y donde el intermediarismo y la especulación manipulan los mercados de los granos básicos (la asimétrica producción del campesinado de subsistencia y de la agricultura familiar), de monocultivos como el café, banano, azúcar y cardamomo, de la producción de carnes, huevos y otros, disparando los precios hacia una clase media y baja cada vez más precarizada, desprotegida ante los oligopolios (la aprobación de la ley de competencia/antimonopólica es urgente), endeudada y con una calidad de vida deshonesta.

¿Y los ciudadanos, los pequeños productores y los consumidores impotentes ante un pimponeo donde no pueden jugar, ni decidir? El intermediarismo acentúa la usura en el sistema productivo agrícola, consolida las desigualdades sobre el uso y tenencia de la tierra, boicotea el desarrollo rural integral y promueve los empleos estacionales. En el sector financiero, erige nuevas plutocracias (la banca transnacional lucra inescrupulosamente con las remesas familiares de nuestros connacionales).

En esencia, el intermediarismo no es una categoría exclusivamente económica/comercial, es un fenómeno del poder político, de creación de redes y contactos, de clientelismos que funcionan mediante cuotas o comisionistas, de “brokers” que agilizan los negocios y funcionan a través de andamiajes paralelos al Estado, manipulando la oferta y demanda global.

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