Los datos señalan que más de la mitad de los guatemaltecos no llegan al sueldo mínimo, que el ingreso en áreas rurales es la mitad que en el área metropolitana, los hombres perciben un 25% más que las mujeres, por cada Q100 percibidos por un no indígena, el indígena percibe Q61. El 75% de los empleados lo son en microempresas. Solo el 22% tiene acceso al IGSS y solo el 36% alcanza a tener prestaciones laborales.

El sueldo mínimo es un indicador útil de cómo acercar, por ley, los ingresos a la posibilidad de cubrir los gastos mínimos de una familia. Es también un indicador del porcentaje de empleo formal de cierta calidad existente en el país. Viviendo en la provincia, puedo constatar que el sueldo mínimo es visto por una mayoría de pobladores como un sueldo alto, al que quisieran tener acceso pero del que están lejos. En el departamento donde vivo —Sololá— mi impresión es que al sueldo mínimo llegan ciertos empleados públicos —maestros y policías— y algunos empleados de cierto nivel del sector turístico. La gran mayoría de la población, por estos rumbos, está lejos del sueldo mínimo. La clásica imagen del finquero avorazado explotando inmisericordemente a la peonada, tan presente en tantos textos, no se corresponde con la realidad hoy. La mayor parte de empleos de bajos ingresos son provistos en redes familiares o en pequeños comercios o talleres. Difícilmente construyen desarrollo pero previenen el desastre del desempleo abierto masivo.

La diferencia entre lo rural y urbano y entre población indígena y no indígena es una constatación de hirientes desigualdades, pero las fórmulas para mitigar esas desigualdades han mostrado resultados modestos. Las transferencias condicionadas tienen un valor real, pero corren riesgos grandes de comprar la dignidad de los más pobres para manipularlos groseramente.

Necesitamos intervención del Estado y necesitamos buscar que la eficiencia y la búsqueda del desarrollo sean brújulas que guíen tanto la acción del Estado como la del mercado. La búsqueda del bien común pasa por la suerte dignificada de los más pobres.

Necesitamos ayudas que levanten la productividad y no que sometan a los pobres al mejor postor político.